Al momento de escribir este comentario, sábado 25 de noviembre de 2023, la cifra de personas asesinadas en el marco de la violencia criminal que cubre de sangre las calles del país, llegaba a las 826 personas.
Este doloroso y cruel dato está dándole la razón a las voces expertas en la materia de que es muy posible que, al terminar el presente año, lleguemos muy de cerca a la cifra de 1000 vidas humanas sacrificadas en el marco del desarrollo delincuencial de la violencia del crimen organizado y del narcotráfico.
Según esas mismas voces expertas, estudiosas del problema y con fuerte credibilidad, de esa cifra de 826 personas asesinadas, 67 eran mujeres, de las cuales se puede considerar que 25 fueron víctimas colaterales.
El año pasado 2022, la cifra de féminas asesinadas fue de 38, lo cual nos dice que, aunque el año 2023 no ha terminado, el porcentaje de mujeres víctimas de la violencia criminal que nos azota se incrementó en un 176%.
¡Dramático! Con las decisiones presidenciales últimas que han conmovido a la sociedad con respecto a sus propias potestades constitucionales para gerenciar, políticamente hablando, la política pública de la seguridad en la cotidianeidad; la magnitud del desastre de tanta sangra en las calles se agiganta, con el dolor por las muertes de esas mujeres, todas integrantes de los sectores sociales postergados, de los sectores descartados, como suele denominarles el papa Francisco.
¡Sí! Porque es imposible descontextualizar el sacrificio de esas 67 mujeres de un entorno de exclusión social y económica que, como causa fundamental, tiene una obsesividad macrofiscal extremista de la política pública que ha llevado a calamitosos estados de precariedad la política pública en salud e integración social, así como en educación y, dramáticamente, en seguridad.
Chaves debe rectificar. Al menos, honre su promesa de revisar el pago de intereses de la deuda pública, lo que usted propuso en su programa de Gobierno.
Esto para empezar. Esto le permitirá tener más recursos para fortalecer la intervención pública presidencial, como lo ordena la Constitución, para la atención de la seguridad ciudadana; y no, cometer esas erráticas decisiones de bloquear la asignación parlamentaria de recursos para tal fin.
En segundo término, existen los recursos institucionales y profesionales específicos para establecer un programa de emergencia de atención a las personas relacionadas, directamente, con esas mujeres asesinadas; diseñando una política pública de emergencia, de contención y de asistencia a la niñez y a la adolescencia que pudo haber perdido a su progenitora en tan crueles condiciones.
Comprobado está que el autoritarismo contaminado de berrinche, incrementa la sensación de caos y de anarquía. El Presidente Chaves está transitando por arenas movedizas.
El autor de este artículo de opinión es Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
