Editorial
Ayer, viernes 21 de noviembre, a las 12 de la noche venció el plazo para que los dueños históricos de frecuencias de radio y televisión abierta presentaran sus ofertas para concursar y mantener su derecho a llegar a sus oyentes o televidentes, ya sea a nivel nacional o en los territorios donde operan desde hace décadas.
El Gobierno, representado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), definió las reglas del proceso: tres concursos bajo la modalidad de subasta, con precios base que van desde los $9.643 (unos ₡4,8 millones) para radio AM hasta $1,6 millones (alrededor de ₡800 millones) en el caso de la televisión. A estos costos iniciales se suman requisitos técnicos que obligan a realizar inversiones adicionales millonarias.
Todo esto estuvo precedido por un conflicto originado en el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien acusó a los medios de comunicación de enriquecerse pagando “miserias”. Sus señalamientos se dirigieron especialmente a Televisora de Costa Rica y la frecuencia de Canal 7, ignorando que la mayoría de empresas de radio y televisión enfrentan una crisis derivada del auge de las redes sociales, plataformas digitales y cambios en los hábitos de consumo. Muchas apenas logran subsistir cubriendo salarios, cargas sociales, equipos, electricidad y otros costos necesarios para operar.
Aunque los precios base diferencian entre lo nacional y lo regional, la realidad es que canales de televisión pequeños —como Canal 14 en la Región Norte, por citar un caso— no están en capacidad de pagar cerca de 200 millones de colones para brindar un servicio de televisión abierta. Además, se les limita a operar solo en una zona específica, obligándolos a retirar transmisores y antenas de sitios como Monteverde, donde históricamente cubrían Guanacaste y parte de Puntarenas.
Este 22 de noviembre ya es evidente que numerosos medios nacionales y regionales quedaron sin voz ni imagen. Para el Gobierno fue sencillo deshacerse de medios independientes: bastó con colocar el listón lo suficientemente alto para que los pequeños propietarios de frecuencias no pudieran competir.
Surgen entonces varias preguntas: ¿Es esta una forma de controlar a los medios de comunicación? ¿Existen grupos económicos, e incluso vinculados al narcotráfico o al lavado de dinero, esperando apropiarse de estas frecuencias? ¿Estamos presenciando cómo, en democracia, se silencian las voces de los territorios y de los medios independientes?
Aún más preocupante es que esta decisión gubernamental, ejecutada por la SUTEL, deja incomunicadas a miles de personas en zonas rurales donde la conectividad aún no llega. Para estas comunidades, la radio y la televisión abierta eran su única forma de informarse sobre lo que ocurre en el país, recibir alertas de la Comisión Nacional de Emergencias, acceder a entretenimiento e incluso a espacios educativos.
Se sabe que existen procesos legales que podrían devolver las frecuencias a radiodifusores o empresas especializadas en comunicación. No obstante, el mensaje del Gobierno ha sido claro. De no ser por la intervención del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que le prohibió al presidente Rodrigo Chaves cerrar los medios antes de las elecciones y le exigió mantenerlos al aire hasta después de los comicios, el desenlace estaría prácticamente decidido en un proceso que definirá diputados y la Presidencia de la República.
Resulta urgente revisar estas medidas. Si bien es justo que los grandes medios paguen lo que corresponde, también debe reconocerse el papel de los medios rurales, que llegan donde otros no llegan, atienden necesidades de población vulnerable, organizan colectas en emergencias y sirven como herramientas esenciales para el funcionamiento de muchas comunidades.
El llamado es para los diputados. Son ellos quienes tienen la potestad de modificar la ley y garantizar que prevalezca la justicia por encima de caprichos o revanchismos. También deben velar porque la democracia no se vea amenazada por el interés de un gobierno de silenciar voces disidentes o utilizar las frecuencias como un recurso político.
