Nadie tiene que explicarnos el deplorable estado de nuestras calles. Lo sufrimos diariamente al intentar movilizarnos. Desaprovechamos el logro histórico de haber alcanzado una de las redes viales más densas de todo el continente y hoy la infraestructura vial del país acumula ya décadas de rezago. Según el Foro Económico Mundial, Costa Rica ocupa la vergonzosa posición 117 en calidad de la infraestructura vial a nivel mundial.
El problema se agrava si comprendemos que la red vial es mucho más que solo la calzada para la circulación de vehículos. Se compone de todos los elementos que están en el “derecho de vía”; es decir, el espacio público comprendido entre los linderos de las propiedades privadas y destinado al encuentro y la movilidad de las personas. Aceras, ciclovías, puentes, áreas verdes, bancas, señalización, estructuras de drenaje y pasos de fauna también son parte de la red vial.
Entonces las calles no solo están en mal estado, están incompletas. El paradigma del “carrocentrismo” nos ha hecho creer que los problemas de movilidad se resuelven con más carriles y más vehículos, mientras cada día estamos más lejos de tener un sistema de transporte público decente. Todos los meses se quema un bus por su pésimo estado, enterraron el proyecto del tren eléctrico y tener carro propio sigue siendo un símbolo de éxito.
Aunque parece que todo está perdido, hay camino recorrido. Las leyes de movilidad peatonal y ciclística, aprobadas en el periodo legislativo anterior, introdujeron principios clave como la “pirámide invertida de la movilidad”. De hecho, está en el sticker del marchamo. Significa jerarquizar en el primer nivel de importancia a las personas peatonas, luego a los medios no motorizados como bicicletas, siguiendo con el transporte público y, por último, el transporte de carga y los vehículos particulares.
Superar el autodestructivo paradigma carrocentrista requiere claridad sobre lo que aspiramos para nuestras calles. Una movilidad más segura y sostenible es el fin y la infraestructura vial es el medio para lograrlo. Necesitamos una infraestructura digna para peatones, ciclistas y el transporte público. Calles donde podamos compartir y jugar. Una infraestructura vial que no solo atienda las necesidades de las personas, sino también de los ecosistemas en donde se ubica y promueva su regeneración, en vez de su degradación, y que sea resiliente ante la crisis climática.
¿Cómo lograrlo? Esta transformación estructural requiere voluntad política al más alto nivel en el gobierno y la Asamblea Legislativa; sin embargo, las municipalidades también juegan un papel central. Por cada 10 kilómetros de vías en el país, ocho están a cargo de los gobiernos locales. Esto se conoce como la red vial cantonal y se atiende, en su mayoría, gracias a los recursos obtenidos del impuesto único a los combustibles.
Si bien conocemos las debilidades de los gobiernos locales para gestionar adecuadamente los servicios públicos en nuestros cantones, caer en la inacción no resuelve nada, lo empeora todo. La legislación vigente ya dispone de instrumentos de planificación que, progresivamente, permitirían avanzar hacia una gestión vial cantonal guiada por criterios técnicos y con perspectiva de movilidad sostenible, dejando atrás la improvisación y el clientelismo político.
Por ejemplo, los planes viales quinquenales de conservación y desarrollo (Ley 9329) permiten orientar estratégicamente la inversión de recursos públicos en la red vial cantonal. Gracias al trabajo conjunto de la Escuela de Planificación de la UNA y Lanamme de la UCR, en el marco de los programas Red Vial Cantonal MOPT/BID, más de 70 gobiernos locales de todo el país han sido capacitados para planificar integral y participativamente el futuro de su red vial.
Partir de la práctica. Ya hay avances en nuestros cantones. La incipiente, pero visionaria inversión en aceras inclusivas, calles arborizadas, infraestructura ciclística e iniciativas de urbanismo táctico es solo un ejemplo. El uso cotidiano de la bicicleta en Upala, Puntarenas o el Caribe Sur, las iniciativas del Proyecto mUEve, la peatonalización de calles en varios cantones o los carriles exclusivos para transporte público, no solo demuestran que sí es posible avanzar, sino que señalan el sendero que debemos transitar con mayor determinación.
Fortalecer y escalar estas buenas prácticas es clave. Con la movilidad sostenible ganamos todas las personas, particularmente los sectores más excluidos. Pierde una minoría privilegiada, pocos pero poderosos grupos que lucran del colapso vial que vivimos. Un ejemplo concreto: una caravana de 100 autobuses haciendo tortuguismo en San José para demandar el fin del proyecto del tren eléctrico.
Superar el contaminante, obsoleto y excluyente carrocentrismo será posible en tanto seamos capaces de exigir que la movilidad no sea más un privilegio y pase a ser un derecho. Sí, es un asunto de justicia social, pero también de eficiencia, productividad y salud pública.
A nivel mundial y también nacional, el cambio de paradigma ya está en marcha. La evidencia es indiscutible y la concientización es creciente. El tema es cuán pronto o tarde lograremos las calles que merecemos.
El autor de este artículo de opinión es Planificador Económico y Social.
