Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 han hecho del homicidio en algunos países de Centroamérica su forma de sometimiento: Mediante el compromiso de no asesinar a comerciantes de pequeñas y medianas empresas, estos grupos han exigido por años una cuota monetaria conocida como el “impuesto del miedo” o el “impuesto del terror”.
Aunque no se conoce un dato oficial del dinero que las pandillas reciben a través de la extorsión, el estudio ‘Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras’, publicado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con sede en Honduras, estima que cada año ese país paga alrededor de 737 millones de dólares en extorsión.
En El Salvador, la cifra ha llegado hasta los 756 millones de dólares, según la estimación del Banco Central de Reserva de ese país hace unos años. Mientras que en Guatemala, la organización Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington, revela que la extorsión llega hasta los 57 millones de dólares cada año.
La Voz de América entrevistó a Juan Martínez d’Aubuisson, antropólogo y uno de los autores del estudio de la ASJ, quien explicó que en Honduras no solo la pandilla extorsiona, sino también otros grupos que se hacen pasar por pandilleros para infundir mayor temor.
D’Aubuisson es de la idea de que la Mara Salvatrucha, en Honduras, evolucionó a un “monstruo de mil cabezas” y su potencia extorsiva no se concentra, únicamente, en comercios, sino que subsiste también de inversiones en negocios lícitos e ilícitos y también del narcotráfico.
Desde inicios de diciembre, Honduras mantiene un régimen de excepción en barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a consecuencia del aumento de la extorsión a conductores de ómnibus y otros, según Xiomara Castro, presidenta de ese país, quien en una conferencia de prensa decretó “emergencia nacional” por los hechos.
Hoy, la pandilla en El Salvador subsiste casi en su totalidad de la extorsión y esta no solo aplica a los buseros, sino también a las tiendas de los barrios, a los medianos empresarios y hasta a las grandes empresas que deben entrar a esos mismos barrios a repartir sus productos, explicó Douglas Farah a la Voz de América.
El investigador explicó que la mecánica de extorsión en ambos países es diferente, pues a diferencia de Guatemala y Honduras, el narcotráfico en El Salvador no está bien arraigado, como sí lo está en los países vecinos, por lo que la principal forma de obtener dinero de las pandillas en El Salvador es mediante el chantaje a comercios de todo tipo y tamaño.
Aunque El Salvador se mantiene desde el año pasado bajo un régimen de excepción que ha logrado la reducción de homicidios, la extorsión sigue siendo un tema poco discutido públicamente.
De acuerdo con el diario local La Prensa Gráfica, las denuncias por extorsión aumentaron luego del régimen de excepción. En febrero de 2022, la Policía de ese país recibió 104 denuncias. En marzo (mes de inicio de régimen) llegó a 148, en abril 176 y en mayo 183.
A mediados de diciembre, la presidencia de Nayib Bukele, por medio de la Fuerza Armada y el Ministerio de Seguridad, anunció reformas a la Ley Antiextorsiones en El Salvador, las cuales consistían en encarcelar a quienes pagaran extorsión a las pandillas y a quienes encubrieran ese delito.
