Ante los efectos nocivos que los combustibles fósiles producen al ambiente y la salud de las personas, así como al poco avance que tiene Costa Rica en materia de movilidad eléctrica, el diputado, Joaquín Hernández, intervino en la Asamblea Legislativa con un vehemente llamado a descarbonizar el transporte público y, como país, a no bajar los brazos en la lucha contra el cambio climático.
Hernández presentó la semana pasada el expediente 24.126, con el que busca generar nuevos incentivos para los transportistas públicos, como la ampliación de los plazos de las concesiones, a cambio de una flotilla verde.
Señaló que es necesario no frenar el avance hacia una movilidad sostenible y recordó que el artículo 50 de la Constitución Política, establece que el Estado debe garantizar y preservar el derecho de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Según el legislador sancarleño, las secuelas provocadas por el cambio climático, entre ellas, el llamado efecto invernadero, que calienta la tierra, son cada vez más evidentes y los gases de la combustión están ahí presentes.
“Necesitamos soluciones urgentes. (…) La matriz energética costarricense es altamente renovable y el índice de cobertura nacional alcanza el 99%, lo cual genera condiciones ideales para la implementación de proyectos de electrificación del transporte”, mencionó Hernández.
Añadió que los autobuses eléctricos producen menor contaminación y que tienen menos costos en términos de mantenimiento. Citó, como ejemplo, que el valor por kilómetro en un autobús eléctrico es un 30% más barato que en una unidad convencional, es decir, que emplea diésel para desplazarse.
El diputado Hernández Rojas enunció que Costa Rica, desde hace varios años construye un proyecto país de lucha contra el cambio climático, para cumplir el compromiso adquirido en el Acuerdo de París y el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, aunque con pocos avances en la electrificación del transporte público.
De ahí, según dice, su interés de dar otro empujón a la movilidad eléctrica con el proyecto para el uso de autobuses cero emisiones.
“El valor de un autobús eléctrico es mayor que uno convencional y para hacer posible el acceso de un operador a un crédito que le financie la adquisición de un autobús eléctrico, necesita tener concesiones a más largo plazo para estructurar operaciones viables y rentables”, dijo el sancarleño.
Actualmente, la concesión de una ruta de bus tiene una vigencia de 7 años.
Joaquín Hernández solicita el apoyo a todos sus compañeros diputados para que su iniciativa de ley pueda avanzar en el Congreso más ágilmente.
