Mediante la Ley N° 8671, la Asamblea Legislativa se declaró el 29 de mayo como el Día Nacional de la Discapacidad. Asimismo, se autoriza a las instituciones públicas para que celebren esa fecha con actos alusivos. Esta es una ocasión propicia para reflexionar sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Hoy, hace 27 años, se promulgó la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, Ley 7.600.
Según la información suministrada por la Dirección de Planificación Institucional de la Defensoría de los Habitantes, en el año 2022, la Defensoría de los Habitantes atendíó un total de 376 denuncias por situaciones violatorias a los derechos de esta población, 55 más que en el 2021.
De esas denuncias, 203 fueron presentadas por la violación del Derecho a la Seguridad Social, lo que equivale 54%. La mayoría de dichas denuncias se refieren a la dilación en el trámite de las pensiones del Régimen No Contributivo. La Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra a cargo del otorgamiento de estas pensiones.
La segunda causa que generó mayor atención fue la violación del Derecho a la Protección especial, con 92 equivalente a un 24%. Estas denuncias se relacionan con acciones u omisiones en la atención y asistencia de personas con discapacidad, dilación o negativa injustificada en trámites administrativos por su condición de persona con discapacidad, falta de recursos para la ejecución de políticas públicas de personas con discapacidad, entre otros.
La Defensoría de los Habitantes recibió 30 denuncias por la violación al Derecho a la Educación de las personas con discapacidad, de forma tal, que se ubicó en la tercera posición. La educación es un derecho muy importante porque es un instrumento de ascenso social. Las personas de baja escolaridad tienen mayor probabilidad de caer en la pobreza.
Con respecto a la distribución por sexo de estas denuncias cabe señalar que las mujeres presentaron 215 (57%) y los hombres 156 (41%). En 8 denuncias no se consignó el sexo de las personas que presentaron las mismas. No se omite señalar que las denuncias mencionadas fueron presentadas tanto por personas con discapacidad como por personas sin discapacidad a favor de éstas, como familiares, personas amigas o allegadas.
Por otra parte, San José es la provincia que la Defensoría de los Habitantes recibió más denuncias con 114 que corresponde a un 30%. Seguida de Puntarenas con 91 (24%), Alajuela 58 (15%), Guanacaste 57 (15%), Heredia 19 (5%), Cartago 14 (4%) y Limón 13 (3%). En cuanto a la distribución de las denuncias por grupo etario, el segmento de la población que se encuentra entre 45 y 54 años fue el que más interpuso denuncias con 36 (11%). De seguido se ubica los grupos etarios de 55 a 64 con 35 (10%), de 35 a 34 con 33 (10%), de 25 a 34 con 14 (4%) 7 64 y más 4 (1%). En 7 denuncias no se señaló el grupo etario al que pertenecía la persona que presentó la denuncia.
