Los hogares de ancianos del país fueron obligados al pago del Impuesto al Valor Agregado IVA el año pasado, pese a que, a principios del 2022 mediante una ley, los diputados del cuatrienio anterior los exoneraron de este impuesto.
Según manifestaron representantes de varios hogares a La Región, estos centros están viviendo una grave crisis económica, aunado a que además del pago del 13% que corresponde al IVA, la Junta de Protección Social (JPS) redujo los aportes considerablemente lo que los obliga a conseguir los recursos en la empresa privada que igualmente está en problemas económicos por la situación del país.
Como ejemplo, dieron a conocer que a un hogar que en años anteriores al finalizar el periodo de forma extraordinaria la Junta le giraba entre 18 a 24 millones de colones, este año, solo le entregó 2 millones.
Los representantes de los hogares además dijeron sentirsen temerosos, si reclaman la exoneración que por ley les corresponde, el Gobierno les podría castigar aún más, con los aportes de la Junta de Protección Social.
Hoy martes representantes de estos centros de todo el país se reunieron para tomar medidas y buscar la atención de las autoridades del gobierno. Consideran que ellos no hacen más, que atender una problemática social que le corresponde al Estado costarricense.
En Costa Rica más de 430 organizaciones y 500 programas sociales son beneficiadas por la JPS, cuyos presupuestos dependen entre un 60% y 80% de ese apoyo económico, por lo que esta reducción en los dineros que aporta la Junta para estos centros podría incluso significar su cierre técnico.
