La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, anunció este lunes la presentación a la Asamblea Legislativa de una propuesta de proyecto de Ley para aprovechar el oro de Crucitas, en el distrito fronterizo de Cutris de San Carlos y que valdría cerca de 3.000 millones de dólares.
De acuerdo con Fernández, en caso de ser aprobada por los diputados, la iniciativa permitirá detener el saqueo, así como el actual desastre ecológico en dicho sector fronterizo por la explotación ilegal.
La propuesta fue entregada a todos los jefes de fracción, para que le incluyan sus observaciones.
“Esta propuesta de proyecto de Ley para regular la exploración y explotación de minería de oro a cielo abierto es específica y exclusiva para el distrito de Cutris de San Carlos, no se trata de una exploración y explotación a nivel nacional. (…) No queremos que nadie siga robándose el oro que es de todos los costarricenses”, afirmó Fernández Delgado.
Además de la presidencia de la República, dicha propuesta de proyecto de Ley cuenta con el visto bueno de Franz Tattenbach, ministro de Ambiente, Arnoldo André, de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, de Comercio Exterior, y representantes de Seguridad Pública.
El ministro Tattenbach explicó que se construyó una propuesta con especialistas en geología y minería, donde se busca una explotación del recurso ordenada, adecuada a las características propias de Crucitas y resguardando el medioambiente.
“Mediante esta estrategia, el Gobierno fijaría una tarifa “piso” a la onza de oro, la cual iría a una subasta con interesados en la explotación, tanto nacionales como internacionales; con ello se busca alcanzar los mayores rendimientos económicos para nuestro país”, justifica Tattenbach.
En junio de este 2024, Costa Rica ganó el laudo internacional a la empresa canadiense Infinito Gold que reclamaba $394,8 millones por la cancelación del proyecto de explotación de oro en Crucitas.
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Desde entonces, la administración Chaves Robles considera que el país tiene el camino despejado para la explotación del oro, una estrategia contraria a la posición de la comunidad ecologista regional y nacional, que aboga por mayor inversión pública y un desarrollo económico y social alejado de prácticas extractivas.
