San Carlos, Costa Rica – En su visita a San Carlos en mayo del 2022 el presidente de la república Rodrigo Chaves prometió a los habitantes de la Milla Fronteriza dar una solución al problema de la titulación de tierras y en julio del 2025 ordenan desalojar toda la comunidad de Chorreras, pidiéndole a las familias botar sus casas y abandonar el lugar donde crecieron sus hijos.
Con este título este medio daba a conocer la promesa del Presidente no sin antes en el mismo escrito hacer las advertencias de la realidad legal que tiene el cordón fronterizo.
¨Gobierno ordena solucionar milla fronteriza
Durante una visita a la Región Huetar Norte el pasado sábado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, reafirmó su compromiso de campaña de buscar una solución al histórico problema de la Milla Fronteriza, una zona de dos kilómetros de ancho a lo largo de la frontera con Nicaragua donde, por disposición legal, no se permite la titulación de tierras.
Ante habitantes de la zona, el mandatario instó públicamente al presidente del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Eduardo Robert, a asumir esta responsabilidad:
“Tenemos una deuda. Don Eduardo Robert, presidente del INDER, sabe que aquí en San Carlos yo me comprometí a arreglar la Milla Fronteriza. A usted le va a tocar cumplir esa promesa. Yo siento el peso en las espaldas de las promesas que hice hace no mucho tiempo”, declaró el presidente.
Una lucha de décadas
La Milla Fronteriza ha sido habitada por generaciones de familias que, a pesar de no contar con títulos de propiedad, desarrollan actividades agrícolas y pecuarias. En esta franja, el propio Estado costarricense ha construido escuelas, centros de salud y otros servicios públicos, reconociendo de facto la presencia y organización comunitaria en el lugar.
Sin embargo, los pobladores han tenido que conformarse con moratorias legislativas que les brindan una protección temporal contra desalojos, sin que exista una solución definitiva que garantice seguridad jurídica sobre las tierras que han ocupado por décadas.
Obstáculos legales para la titulación
Pese al anuncio presidencial, cualquier intento de titulación enfrenta importantes barreras legales. Uno de los principales obstáculos es el criterio emitido por la Procuraduría General de la República en 2008, el cual indica que la titulación de terrenos en la Milla Fronteriza es jurídicamente inviable.
Este pronunciamiento se basa en múltiples argumentos, entre ellos:
- Inconstitucionalidad de leyes y reglamentos previos que permitían al IDA (hoy INDER) otorgar títulos en reservas nacionales y terrenos demaniales.
- Nulidad absoluta de cualquier titulación o acto administrativo que intente modificar el régimen de dominio público sobre estos terrenos.
- Responsabilidad legal para los funcionarios que ejecuten actos administrativos nulos, lo que podría acarrear consecuencias civiles, administrativas o penales.
- Rango legal de inalienabilidad conferido desde principios del siglo XX por una serie de leyes que resguardan esta franja como patrimonio del Estado.
Además, la Sala Constitucional ha ratificado en múltiples fallos que ningún particular puede adquirir derechos de posesión o propiedad sobre terrenos inalienables de la franja fronteriza, ni siquiera por el transcurso del tiempo.
¿La única vía? Reforma constitucional
Dada la rigidez del marco legal vigente, algunos sectores consideran que la única solución real pasa por una reforma constitucional, proceso que requiere la aprobación en tres legislaturas consecutivas en la Asamblea Legislativa.
Una promesa más… ¿o el inicio de una solución?
Por ahora, las familias que habitan en la Milla Fronteriza siguen esperando una respuesta definitiva. El anuncio presidencial genera esperanza, pero también es recibido con cautela, ya que en el pasado muchos gobiernos han prometido lo mismo sin resultados concretos.
En caso de no encontrarse una salida legal viable, sería una nueva frustración para comunidades que han vivido por generaciones en estas tierras, protegidas únicamente por moratorias temporales, y que hoy claman por un derecho pleno sobre los terrenos donde crecieron sus abuelos y crecen sus nietos¨. Nota de mayo del 2022
Hoy Gobierno acusa a vecinos de Choreras de deforestación y contaminar mantos acuíferos.
El pasado 19 de julio un contingente de policías traídos desde la capital, como si se tratara de un operativo antidrogas llenó de vehículos, drones y efectivos la comunidad para notificar a las familias de que debían abandonar esas tierras, acusándolos de deforestar y contaminar mantos acuíferos en la zona.
