El Gobierno de la República, por medio de la Policía de Fronteras, difundió en redes sociales un mensaje en el que califica a más de 73 familias de Chorreras como responsables de actividades delictivas.
Según ese comunicado, la zona donde se encontraban estas viviendas habría sido utilizada para actividades como extracción ilegal de oro, tráfico y trata de personas, trasiego de drogas, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, presión sobre la fauna silvestre y habilitación de actividades no autorizadas, incluyendo comercio informal y movimientos transfronterizos sin control.
Gobierno justifica el operativo La autoridad policial indicó que el desalojo se realizó en cumplimiento de la Resolución 25-000857-306-PE del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, mediante un operativo coordinado entre los ministerios de Seguridad Pública, Ambiente y Energía, Salud, la Municipalidad de San Carlos, el Poder Judicial, la Policía Profesional de Migración, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El comunicado señala que las acciones incluyeron el retiro de personas consideradas ocupantes ilegales y la demolición de estructuras presuntamente levantadas sin autorización.
Área de valor ecológico Las autoridades señalan que el terreno desalojado se encuentra dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, en Cutris de San Carlos, y que posee un alto valor ecológico según datos del SINAC y del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), debido a su biodiversidad y su importancia para la protección de fuentes de agua y la conectividad biológica.
Orden judicial y plazos
De acuerdo con la información divulgada, el Tribunal habría otorgado un plazo de dos meses para el desalojo de 73 viviendas vinculadas a coligalleros ilegales que ingresaron este año, y la notificación se emitió el pasado 17 de julio.
