Mientras el Gobierno culpa a la Contraloría General de la República y a los diputados por la no ejecución del proyecto Ciudad Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) inauguró en Santa Rosa de Pocosol una delegación policial construida por encargo a un empresario privado.
El acto se realizó el pasado 19 de diciembre, con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, quien llegó a la zona a bordo de dos helicópteros junto con su comitiva.
Inauguración con información incorrecta
Durante su discurso, Zamora aseguró ante los asistentes que la nueva infraestructura era propiedad de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Santa Rosa de Pocosol, y la presentó como ejemplo del esfuerzo comunal para apoyar a la Fuerza Pública.
“Esto que vemos a mis espaldas es fruto del trabajo de la asociación de desarrollo comunal (…). Lamentablemente a veces pagamos alquileres y en esos negocios se va la plata de los contribuyentes”, dijo Zamora en el acto.
Sin embargo, horas después, la ADI desmintió públicamente las afirmaciones del jerarca, aclarando que el edificio pertenece a un empresario local que lo alquila al MSP.
La Asociación niega vínculos con la propiedad
En un comunicado publicado en su página de Facebook, la ADI de Santa Rosa de Pocosol señaló que no ha recibido pagos por concepto de alquiler durante los últimos tres años en que la Fuerza Pública ocupó las instalaciones comunales.
“Las actuales instalaciones donde se ubicará la Fuerza Pública no pertenecen a la Asociación de Desarrollo Integral Santa Rosa de Pocosol. El inmueble corresponde a la propiedad registral de un empresario de la comunidad, quien es el titular legal del bien”, indicó la organización.
Críticas por manejo de infraestructura pública
El hecho ocurre mientras el Gobierno enfrenta críticas por la falta de avance del proyecto Ciudad Gobierno, una propuesta que busca concentrar oficinas públicas en un solo complejo y reducir gastos de alquiler.
En contraste, la inauguración en Santa Rosa de Pocosol revela que el Ministerio continúa alquilando edificios privados para fines institucionales, incluso en comunidades rurales.
