El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, empezó el fin de semana el traslado de los primeros 2.000 pandilleros a la nueva mega cárcel, en la que pretende recluir a 40.000 personas capturadas bajo el régimen de excepción en El Salvador.
“En un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, indicó Bukele en Twitter junto a un video que mostraba el ingreso de pandilleros a la prisión.
La cárcel, ubicada a 74 kilómetros de la capital en el municipio Tecoluca, departamento de San Vicente, tiene 33 manzanas de construcción dentro de 236 manzanas aisladas de la ciudad.
Está compuesta de pabellones de confinamiento, con camarotes metálicos y celdas de castigo, salas de audiencias virtuales y dos módulos para fábricas contra el ocio penitenciario.
Dos días antes del traslado, una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 13 supuestos líderes de la mara MS-13, por múltiples crímenes en Nueva York, señaló a las pandillas de haber negociado con miembros del gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para reducir homicidios a cambio de beneficios, así como con su rival la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y con el gobierno actual.
El señalamiento menciona reuniones organizadas por el gobierno salvadoreño y funcionarios como el director de centros penales y el director de Tejido Social para obtener beneficios a cambio de la reducción de homicidios y apoyo electoral en las elecciones legislativas de 2021. El gobierno no reaccionó al respecto.
Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, las autoridades han capturado a 64.512 personas señaladas de ser pandilleros, de las cuales fueron después liberadas 3.745 y otras 3.344 han denunciado violaciones a derechos humanos, la mayoría por supuestas detenciones arbitrarias, ante la asociación Cristosal.
El régimen de excepción fue aprobado luego de que fueran asesinados 62 salvadoreños el 26 de marzo, y su undécima prórroga está vigente hasta el 17 de marzo.
Los homicidios bajaron de 1.211 en 2021 a 615 en 2022, según cifras oficiales que registraban una caída gradual año con año desde el año 2016.
