Marta Ruano viajó el 5 de febrero al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en el centro de El Salvador, a dejar comida y artículos de higiene personal como lo hace cada mes desde mayo de 2022, cuando la policía salvadoreña metió presos a dos de sus hijos, a quienes acusó de asociaciones ilícitas en el marco del régimen de excepción en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene al país desde marzo del año pasado.
En uno de los muros del penal, Marta se encontró con una mala noticia: a partir de aquel día, los familiares de los presos en esa cárcel están obligados a comprar paquetes alimenticios y de insumos básicos ahí, uno al mes por $170.
No tienen otra opción, ya que no puede llevar nada de afuera: o pagan o sus parientes no comen, no tienen acceso a papel higiénico o a vestimenta.
“Son malas noticias, ahora no nos recibirán paquetes, hay que comprarlo en el penal”, contó Marta.“Es mucho dinero”, dijo la angustiada madre.
A partir de diciembre de 2022, los familiares de los presos en Zacatecoluca entregan $170, directamente, en el penal. Lo que compran por ese dinero son siete pequeños paquetes, cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones.
Los familiares solo saben que dan $35 por alimentación, $15 por artículos de higiene personal, $30 por vestimenta, $20 por limpieza de área y $70 por misceláneos.
Infobae intentó conversar con las autoridades carcelarias para conocer sus planes sobre los cobros a los reos, pero, no hubo respuesta.
Por ahora, además del sistema de paquetes obligatorios, también funcionan “tiendas institucionales”, a las que los familiares de los reos depositan sumas de entre $5 y $150 al mes.
Dicho pago da al preso derecho a tener un número de identificación, que él utiliza para comprar en esos negocios en el interior de los penales artículos de primera necesidad o pequeños lujos, como una Coca Cola.
