Esta semana, la administración Chaves Robles envió a la Asamblea Legislativa, un proyecto de Ley que busca dar protección a las personas que denuncien y figuren como testigos en los procesos penales de actos de corrupción.
La iniciativa resalta la importancia de destinar esfuerzos a incentivar la denuncia, con medidas que promuevan su presentación y protejan a las personas denunciantes y testigos que puedan ser de ayuda para esclarecer un caso de corrupción o desmantelar una organización criminal, diseñada para cometer delitos de corrupción nacional o transnacional.
El temor a represalias tras una denuncia o la rendición de un testimonio es uno de los principales factores que inhibe a los denunciantes y testigos de actos de corrupción a colaborar con los procesos administrativos y penales previstos para castigar a los responsables.
Con la introducción de la regulación propuesta se solventaría una necesidad prioritaria para el combate de la corrupción en nuestro país, señala el Poder Ejecutivo.
Su aprobación en la Asamblea Legislativa permitirá atender las recomendaciones específicas de organismos expertos en materia anticorrupción y cumplir con una serie de compromisos internacionales adquiridos por el país mediante las convenciones internacionales anticorrupción y otros instrumentos regionales.
El proyecto de Ley fue impulsado desde el Ministerio de Justicia y Paz. El ministro, Gerald Campos, dijo que esta iniciativa es de suma importancia para sentar un precedente en hechos que, en muchos casos, quedan en la impunidad.
“El Gobierno de la República no solo realiza acciones concretas para cumplir con el compromiso ante el pueblo costarricense de luchar contra la corrupción, cuidar las finanzas del Estado, preservar los bienes públicos y llevar transparencia a la administración, sino que también cumplimos con los compromisos internacionales que como país miembro de la OCDE hemos adquirido para proteger a la ciudadanía cuando realice denuncias por actos de corrupción, cuyo alcance puede ser nacional o internacional”, indicó el presidente Rodrigo Chaves Robles.
El proyecto de Ley establece otorgar una recompensa económica a favor de las personas físicas o jurídicas que denuncien delitos de corrupción nacional y transnacional, una vez en firme la sentencia judicial del delito denunciado.
