El ganadero de Río Cuarto, Álvaro Salas, hasta hace poco aliado y defensor del Gobierno de Rodrigo Chaves, difundió un video en redes sociales donde responsabiliza directamente al Ministerio de Seguridad Pública por el “desastre” que se vive en Crucitas, en la Zona Norte. A criterio de Salas, el problema no es Nicaragua, como ha sugerido el ministro Mario Zamora, sino la “inoperancia” de las autoridades costarricenses para controlar el territorio fronterizo.
En su mensaje, el finquero cuestiona que Zamora señalara el eventual ingreso masivo de nicaragüenses a Crucitas, recordando que cada año la agricultura costarricense absorbe sin mayores conflictos a miles de migrantes para la cosecha de café y la producción de piña. “Yo creo que usted no entiende cómo funciona la Zona Norte y cómo funciona la agricultura y la pecuaria en Costa Rica”, reclama Salas al jerarca de Seguridad.
Alerta por “grupo paramilitar” en Crucitas
Uno de los principales señalamientos del ganadero se dirige contra la idea de recurrir a una especie de “policía privada” para reforzar la vigilancia en Crucitas, figura que ya ha sido cuestionada también por diputados, quienes han insistido que la protección de la soberanía recae en la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y los cuerpos especiales del Estado. Para Salas, la propuesta de Zamora es “una ocurrencia” peligrosa en una zona atravesada por minería ilegal, crimen organizado y abundancia de oro.
“Usted lo que va a sembrar ahí es un grupo paramilitar”, advierte el productor, al considerar que un contingente armado privado, con conocimiento del terreno y acceso a recursos ilegales, podría volverse autónomo, financiarse con la riqueza de la zona y luego derivar en secuestros y otros delitos graves. El ganadero sostiene que, si en algún momento se corta el financiamiento o se desmantela esa fuerza privada, los mismos grupos podrían reciclarse en estructuras criminales difíciles de controlar.
Oro, frontera y crimen organizado
En su video, Salas describe a Crucitas y el corredor entre San Carlos y el río San Juan como un punto altamente vulnerable por la presencia de oro y la facilidad para mover mercancías ilegales a través de la frontera con Nicaragua. Plantea que la ruta fluvial hacia el Caribe convierte la zona en un escenario atractivo no solo para la minería ilegal, sino también para el tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado.
El ministro Zamora ha advertido recientemente sobre la expansión de las áreas afectadas por actividades ilícitas en Crucitas, que habrían pasado de 900 a 3.000 hectáreas, así como la destrucción de mojones fronterizos y el impacto ambiental provocado por los coligalleros. Seguridad Pública mantiene un operativo con unos 200 oficiales y un costo cercano a un millón de dólares mensuales, en medio del debate legislativo sobre un proyecto para regular la minería metálica a cielo abierto en Cutris de San Carlos y tratar de ordenar la explotación del oro.
“No le eche la culpa a otros”
Salas compara la situación de Crucitas con el contrabando de licores y cigarrillos en la frontera con Panamá, insistiendo en que no es correcto trasladar la responsabilidad a los países vecinos. “Eso es problema del Ministerio de Seguridad Pública y de Hacienda, de que no hacen el trabajo que tienen que hacer. Entonces no le eches las culpas a otros”, reprocha el productor en su mensaje al ministro Zamora.
La intervención del ganadero se suma a una creciente ola de críticas al manejo estatal de Crucitas, donde distintos sectores políticos, municipales y sociales coinciden en que ha faltado presencia efectiva del Estado, cumplimiento de las sentencias ambientales y una estrategia integral que combine seguridad, control migratorio y ordenamiento de la actividad minera.
