En su campaña política, el actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, prometió que terminaría de construir el tramo central de la nueva carretera a San Carlos, un proyecto que en su momento calificó como urgente, criticando a los gobiernos anteriores por no haberse comido la bronca.
Son solo 29,7 kilómetros de vía, que unirán a Ciudad Quesada con la autopista Bernardo Soto, pero, que requieren de más de 100 expropiaciones al día de hoy, así como una inversión por encima de los 300 millones de dólares.
A un año de la administración Chaves Robles, el mayor avance de esta carretera ha sido la aprobación en la Asamblea Legislativa del contenido económico para las expropiaciones faltantes y un proyecto de Ley que autoriza obras viales en el humedal La Culebra, en La Abundancia.
En el tema de las expropiaciones de terrenos, Luis Amador, ministro de Obras Públicas, confirmó en una reciente entrevista con La Región que este trabajo se prolongaría hasta el 2024, pues a la fecha solo cuentan con un tercio de los expedientes totales maduros.
“Se van moviendo los expedientes de expropiación, a la fecha se puede tener un tercio quizás de la cantidad de expedientes ya conformados, bien maduros, los demás se vienen preparando. La intención es terminar de madurarlos de aquí al próximo año”, dijo Amador.
A las expropiaciones, que son un dolor de cabeza para cualquier proyecto vial en Costa Rica, se suma la realización de un Estudio de Impacto Ambiental, exigido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que prestaría al país parte de los dineros necesarios para el longevo proyecto.
También, el puente sobre el río Espino, uno de los viaductos que no se han construido, tendría que ser demolido.
En relación con el contenido económico para terminar de construir esta nueva ruta nacional, el gobierno de Chaves requiere de, al menos, 330 millones de dólares más.
De acuerdo con el ministro Amador, 200 millones de dólares saldrían de un crédito, mientras que deben definir aún la figura que garantice los 130 millones de dólares faltantes para poner punto final a esta obra, por la que la Zona Norte ha esperado más de cuatro décadas.
“Mientras, en paralelo se hace el estudio ambiental profundo que solicitó el Banco Interamericano y en paralelo se procesa todo lo que es la solicitud del crédito de los $200 millones, quedan al descubierto alrededor de $130 millones que tienen que financiarse y ya no con préstamo, ahora habría que buscar a un concesionario que lo tome o titularizar lo que falte contra JUPEMA o alguna operadora de pensiones o un fideimiso”, explicó a este medio.
El ministro Amador Jiménez añadió que también existe la posibilidad de una concesión directa, para que inversionistas privados tomen la operación de la carretera por un plazo determinado y recuperen la inversión contra peaje.
Sin embargo, el titular del MOPT reconoce que aún el Gobierno no puede invitar a inversionistas a este proceso porque falta completar el estudio ambiental profundo solicitado por el BID.
El tramo central de la nueva carretera a San Carlos había empezado a construirse en 2007 por la empresa taiwanesa RSEA, pero, empezó a vivir un calvario meses después de que el entonces presidente de la República, Oscar Arias, rompiera relaciones diplomáticas con ese gobierno asiático.
