La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pretende meter a la cárcel al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, así como a cuatro miembros de su Gobierno, a quienes acusó por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, dentro del denominado caso Bancrédito.
La acusaciónla presentó desde el viernes pasado ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
“Los apellidos de las restantes personas imputadas son Fallas Venegas, exprimer Vicepresidente y exministro de Hacienda; Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Cubillo Jiménez, exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional; y Arroyo Rivera, en su condición de Subtesorero Nacional”, detalla el Ministerio Público en un comunicado.
La Fiscalía Adjunta de Probidad indicó que presentó cargos contra Arroyo por influencia contra la Hacienda Pública y también por seis presuntos delitos de falsedad ideológica, en concurso material*.
Según la acusación, los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
Dicha maniobra, según el órgano acusador del Estado, buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.
Con base en la investigación, la FAPTA señala que la actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
Dentro de este proceso, la Contraloría General de la República presentó una querella o acusación privada y la Procuraduría General de la República, una acción civil resarcitoria, para reclamar por daños y perjuicios sufridos contra los imputados.
Luis Guillermo Solís rechaza los cargos
Después de conocer la pretensión del Ministerio Público, el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, salió al paso y rechazó públicamente los cargos que le imputan las autoridades judiciales.
“Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores”, enfatizó Solís.
El exmandatario aseguró que podrá demostrar que gracias a lo actuado durante su gobierno, se logró un cierre ordenado del banco, que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional.
