La penetración del lavado de dinero del narcotráfico es una realidad que golpea a Costa Rica y de la que no escapan cantones como San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí, en esta Región Norte.
Los operativos, los decomisos de drogas y capturas recientes de ciudadanos ligados al crimen organizado en esos territorios lo confirman.
Aunque la mayoría de casos de lavado de activos que se registra en Costa Rica tiene su origen en el narcotráfico, este ilícito también puede darse como parte de otras actividades delictivas, tales como estafas, secuestros, trata de personas y homicidios por sicariato, entre otros.
Andrés Garro, de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, señala que los efectos de esta actividad ilegal son tan nocivos que, incluso, pueden llegar a afectar hasta la política cambiaria del país.
Para el fiscal especializado, las consecuencias del lavado de dinero pueden verse en distintos ámbitos.
“Primero, se crea una distorsión comercial, pues, claramente, negocios que funcionan lícitamente no pueden competir con otros que se sostienen con dinero originado en actividades criminales”, dijo Garro.
Es decir, se trata de acciones de la delincuencia organizada encaminadas a dar apariencia de licitud a bienes y dineros que son producto de actividades delictivas graves.
“También, puede llegar a afectar desde un punto de vista social, por el poderío económico que puede ejercer el grupo lavador sobre la comunidad, exponiendo a esta y al país a las actividades criminales que generan estas ganancias, como lo son el narcotráfico y otros delitos graves”, agregó el fiscal.
Solo durante este 2022, el Ministerio Público dirige más de 170 investigaciones por lavado de dinero en todo el país. En 32 de esas causas, el presunto origen del blanqueo de capitales se encuentra en el narcotráfico.
San Carlos fue uno de los 28 cantones con más decomisos de drogas entre el 2010 y el 2018, según un informe elaborado por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Cabe recordar que, de esta Región Norte han salido numerosos contenedores cargados de piña y yuca, entre otros productos, “contaminados” con cocaína.
En enero de este año se abrió una oficina de la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y, a la fecha, esa iniciativa ha permitido la apertura de 41 casos por tráfico de drogas y lavado de activos.
