La revisión de los 19 celulares y tabletas decomisados al expresidente Carlos Alvarado Quesada y a otros imputados dentro de la investigación por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) concluyó oficialmente, confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
La información fue confirmada por el Ministerio Público ante una consulta del medio Teletica.com, que indicó que el análisis comprendió los 19 dispositivos electrónicos decomisados durante la investigación. La diligencia se extendió por poco menos de dos meses e incluyó la revisión de imágenes, audios, videos y otros archivos digitales.
En el caso del exmandatario, sus abogados defensores, Rodolfo Brenes y Róger Guevara, afirmaron que, tras examinar más de 91.000 archivos contenidos en los teléfonos de Alvarado, no se encontró evidencia de la comisión de delito alguno.
“Después de tantos años, y luego de tan amplia y exhaustiva investigación, no han encontrado prueba alguna de delito. La razón es muy sencilla: no se puede encontrar lo que no existe. Siempre hemos señalado que don Carlos no cometió ningún delito. Lo que ha sucedido con esa revisión reafirma lo que hemos dicho desde el inicio, y es lo que sucede cuando se investiga a quien es inocente”, manifestaron los representantes legales del exmandatario.
De acuerdo con el Ministerio Público, entre los equipos revisados figuraban tanto los dispositivos personales como los respaldos de los teléfonos y tabletas asignados al entonces presidente por la Casa Presidencial.
Investigación continúa
Aunque la revisión forense de los dispositivos ya finalizó, el cierre de esta diligencia no implica el archivo del expediente ni una resolución definitiva del caso. Corresponderá ahora a la Fiscalía valorar el contenido recopilado junto con el resto de la prueba para determinar si existen elementos suficientes para presentar una acusación, solicitar un sobreseimiento o continuar con otras diligencias de investigación.
El caso UPAD se originó en 2020 tras cuestionamientos por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos mediante un decreto ejecutivo, luego derogado, y por el alcance que tendría esa instancia para el manejo de información de distintas instituciones públicas. La investigación permanece bajo la dirección del Ministerio Público.
