La fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, dijo que no renunciará al cargo, tal como se lo ha pedido el presidente de la República, Bernardo Arévalo, e incluso amenazó con tomar acciones judiciales contra aquellos que intenten removerla del cargo.
“No voy a renunciar”, dijo la mujer, de 70 años, en un video hecho público por la fiscalía la mañana de este miércoles, el mismo día en que Arévalo la había convocado para que presentara un informe sobre cuatro puntos específicos en los que la fiscalía participa.
La funcionaria citó varias resoluciones judiciales para argumentar que tampoco está obligada a ir a la cita, “por ser una institución autónoma e independiente”.
“Usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la carta magna y las leyes del país”, agregó al sostener que la constitución establece su mandato y que lo cumplirá.
Arévalo le solicitó la renuncia a Porras a pedido de autoridades indígenas, quienes durante más de tres meses protestaron frente a la fiscalía y bloquearon carreteras en Guatemala por su intento de desconocer los resultados electorales y las acciones judiciales contra el proceso electoral que pusieron en riesgo la gobernabilidad del país.
Porras ha sido sancionada dos veces por el gobierno estadounidense que la considera responsable obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en el país centroamericano.
Arévalo le solicitó información sobre el avance de procesos penales a cargo de la fiscalía tras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenaron al Estado guatemalteco y los criterios de políticas de persecución penal respecto de la libertad de expresión y prensa por haber acusado a periodistas.
