El Fiscal adjunto de San Carlos, Luis Quesada, describió a los regidores municipales de este cantón los peligros a los que se exponen a diario los funcionarios judiciales que trabajan, directamente, no solo en la lucha contra la delincuencia común, sino contra el crimen organizado, un problema que desnuda la creciente inseguridad en la zona.
Como representante del Consejo de Administración Regional del Poder Judicial, Quesada hizo esas aseveraciones mientras gestionan que la municipalidad defina y autorice un área específica, alrededor de los Tribunales de Justicia de esta ciudad, para que los agentes judiciales, fiscales y jueces en disponibilidad puedan dejar sus vehículos mientras están de guardia.
Dicha solicitud la fundamentan en que San Carlos es ya un territorio de traficantes de drogas, lavadores de dinero y bandas de violentos sicarios. Algunos de esos casos se encuentran bajo investigación y los protagonistas de esas causas empiezan a lanzar amenazas directas para tratar de intimidar y evadir la acción de las autoridades judiciales.
“Nosotros trabajos con delincuentes, de esos a quienes les decimos lo malos que son, que les tenemos que señalar y decir cuál es su responsabilidad en un caso y ellos reaccionan de maneras muy diversas, pero, por lo general, negativas todas”, exclamó Quesada en la sala de sesiones municipales.
La delegación regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que en los últimos meses han logrado identificar a personas ligadas al tráfico de drogas controlando los movimientos que realizan sus agentes, a quienes les corresponde reprender delitos también en Río Cuarto, Guatuso, Upala y Los Chiles..
El anterior es solo un ejemplo, ya que de los más de 300 funcionarios que laboran en los Tribunales, cerca de 80 de ellos tienen asignados expedientes sobre la nueva realidad delincuencial que golpea a la Zona Norte y que involucra a personas con un alto perfil criminal.
Esas autoridades aseguran que la preocupación es legítima, al punto que la administración regional del Poder Judicial llamó formalmente a todo su personal a reforzar el autocuidado y no solo durante sus turnos de trabajo.
Señalan que el pedido a la Municipalidad de San Carlos procura reducir el peligro de algún eventual ataque, que ponga en peligro sus vidas.
“La idea es que encontremos una solución a esto. El Poder Judicial no nos la da o, al menos, no a corto plazo. La posibilidad es que nosotros, como Consejo de Administración acudamos al Gobierno Local para sentir un apoyo en este campo. (…) Eso es algo pequeño, quizás, para el Gobierno Local de determinar y autorizar, eventualmente, esos espacios que están alrededor del edificio”, enfatizó el represente del Ministerio Público.
El Fiscal adjunto, Luis Quesada, considera que la aprobación de dicha solicitud por parte de las autoridades municipales, además de fortalecer la seguridad perimetral de los Tribunales de Justicia de Ciudad Quesada, también resguardaría la vida de quienes luchan contra el narcotráfico y delitos afines.
Sin entrar en detalles, el OIJ confirmó que desarrolla varias investigaciones contra el crimen organizado en San Carlos y que los investigados son gente sin respeto por la vida humana con tal de alcanzar sus objetivos. Algunos de los miembros de esas organizaciones vinieron de otras regiones de Costa Rica, como el Caribe, y ahora ahora radican aquí.
La administración municipal dijo estar comprometida con el tema de seguridad para todo el cantón y adelantó que analizará la gestión con el Departamento Legal, con base en lo dispuesto, recientemente, por la Municipalidad de San José, que estableció un anillo de seguridad alrededor de la Corte Suprema de Justicia.
En la Zona Norte, la delincuencia organizada ha logrado encontrar tierra fértil en sectores como el agro, una realidad evidenciada en varios decomisos de cocaína en exportaciones de piña a Europa.
