La Defensoría de los Habitantes dio a conocer que pudo evidenciar mediante un informe, una situación de riesgo grave en los centros penitenciarios del país debido al déficit de agentes de la Policía Penitenciaria.
Tras una investigación de oficio iniciada en el 2023, la Defensoría concluye que el faltante de personal pasó de 1.754 agentes penitenciarios en 2023 a un total de 2.722 en abril de 2025, generando una afectación directa tanto a los derechos laborales del personal policial como a los derechos fundamentales de la población privada de libertad.
Las inspecciones realizadas por este órgano defensor en los centros penitenciarios del país revelaron niveles de agotamiento físico y emocional en el personal, recargo de funciones, acumulación de vacaciones no disfrutadas, y limitaciones en la atención médica, técnica y educativa de las personas privadas de libertad.
Asimismo, se verificó que el déficit de recurso humano compromete la operatividad de los centros, principalmente la seguridad institucional, retrasa traslados médicos y judiciales, afecta el contacto de los reclusos con sus familias, e incrementa el riesgo de motines y fugas.
Es por toda esta situación que la Defensoría recomendó al Ministerio de Justicia y Paz a adoptar una serie de medidas, entre las que destaca: adoptar medidas presupuestarias, administrativas y logísticas concretas, para fomentar y fortalecer con urgencia la contratación y reposición progresiva del personal de agentes de policía para atender la labor de custodia.
Además, remitir a la Defensoría, en el mes de julio de 2025, un nuevo informe detallado de todos los centros penitenciarios del país, en el que se visualice el faltante de plazas de agentes policiales e implementar un sistema de información anticipado de manera semestral, en el que se identifique las y los agentes de policías penitenciarios que se van a acoger a su derecho de jubilación, con el objetivo de generar una proyección anual de la cantidad de plazas vacantes por cada centro penitenciario.
También, implementar un sistema de información anticipado de manera semestral en el que se identifique las y los agentes de policías penitenciarios que han fallecido, renunciado o han sido despedidos, con el objetivo de generar una base de datos actualizada de plazas vacantes por cada centro penitenciario.
Al Ministerio de Hacienda, se le solicitó realizar las gestiones necesarias para garantizar el presupuesto requerido para nombrar a los 2.722 agentes de policías penitenciarios faltantes.
