El exregidor sancarleño Carlos Fernando Corella Chaves presentó ayer lunes un recurso legal para que el Concejo Municipal de San Carlos vuelva a discutir una decisión tomada en 2025, relacionada con presuntas irregularidades dentro de la Municipalidad. En concreto, pide que se revise el rechazo a la contratación de un abogado penalista externo para investigar posibles hechos de corrupción vinculados con funcionarios municipales.
La gestión fue presentada el 16 de febrero de 2026 ante el Concejo y remitida también a la Alcaldía, Auditoría Interna, Contraloría General de la República, Procuraduría, Fiscalía de Probidad, Defensoría de los Habitantes y medios de comunicación, con el fin de que distintas instancias conozcan el caso.
¿Qué acuerdo quiere que se revise?
El recurso cuestiona un acuerdo tomado por el Concejo Municipal el 8 de septiembre de 2025, cuando la mayoría de regidores rechazó una moción presentada por la regidora Luisa Chacón Caamaño. Esa moción proponía contratar a un abogado especialista en Derecho Penal para realizar una investigación externa, objetiva e independiente sobre actuaciones de funcionarios municipales.
Según expone Corella, el acuerdo fue aprobado con ocho votos en contra de la investigación y solo uno a favor, quedando firme. Para el exregidor, esta decisión se tomó sin suficiente información técnica ni jurídica y sin valorar todos los documentos y antecedentes que ya existían en la propia Municipalidad.
Antecedentes de investigaciones similares en la misma Municipalidad
Corella recuerda que no sería la primera vez que el Concejo de San Carlos recurre a especialistas externos en materia penal para investigar posibles irregularidades dentro del gobierno local. Señala que, en 2012 y 2013, el Concejo sí aprobó investigaciones formales contra él mismo y contra el entonces funcionario Fernando Chávez Peralta, autorizando la contratación de abogados penalistas externos para analizar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Esas investigaciones generaron expedientes y dictámenes jurídicos que hoy forman parte de los archivos institucionales de la Alcaldía y de la Secretaría del Concejo. A criterio de Corella, esos documentos son un antecedente claro de que el Concejo ha considerado válida y necesaria la contratación de especialistas penales cuando hay sospechas serias de irregularidades, y debieron ser tomados en cuenta antes de rechazar la moción de 2025.
Expedientes penales, informes y dudas sobre la conciliación
El recurso también menciona la existencia de dos expedientes penales relacionados con los hechos que preocupan a la Municipalidad, en los que se investigan posibles delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Según Corella, el Concejo tomó su decisión sin revisar a fondo esos expedientes ni el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos que advertía de posibles delitos administrativos y penales y recomendaba un análisis más profundo del caso.
Además, el exregidor cuestiona que no exista un estudio claro que justifique el monto conciliado de ₡52.500.000, que estaría vinculado con un eventual daño al patrimonio municipal. Indica que no se ve en el expediente un análisis financiero independiente ni una explicación detallada de cómo se calculó ese monto y si realmente compensa el perjuicio sufrido por la Municipalidad.
Corella también afirma que el Concejo no habría tenido a la vista, de forma completa, un informe de la Contraloría General de la República que describe con detalle los hechos denunciados y su gravedad, lo que, según él, impidió que los regidores tomaran una decisión plenamente informada.
Falta de asesoría legal y origen de la propuesta de conciliación
Otro de los señalamientos es que, en una de las sesiones clave para discutir el tema, el Concejo no contó con la participación activa de su asesora legal, quien se encontraba incapacitada. El exregidor sostiene que no se gestionó un reemplazo ni asesoría alterna, pese a que se trataba de un asunto complejo desde el punto de vista penal y administrativo, lo que, a su juicio, afectó la calidad del debate y las posibilidades de aclarar dudas jurídicas.
El recurso también indica que la propuesta de conciliación judicial que se presentó en el proceso penal fue redactada por una de las personas querelladas en el caso y enviada primero a la Alcaldía, que luego la trasladó al Departamento Legal y la elevó al Tribunal Penal, con respaldo de un poder especial firmado por el alcalde. Corella considera que, al originarse en una de las partes investigadas y no en el propio Concejo, esa propuesta debió ser analizada con mayor distancia, objetividad y rigor técnico por los regidores.
Argumentos legales y lo que pide Corella
En el plano jurídico, Corella apela a una figura llamada “recurso extraordinario de revisión”, prevista en la Ley General de la Administración Pública, que permite revisar decisiones firmes cuando se demuestra que hubo errores de hecho o que no se tomaron en cuenta documentos esenciales para decidir. Asegura que, en este caso, el Concejo decidió como si no existieran antecedentes, expedientes penales e informes técnicos que, en realidad, sí estaban en los archivos municipales.
El exregidor también cita principios constitucionales como el de legalidad y buena administración, que obligan a que las decisiones públicas estén debidamente fundamentadas, se tomen con base en información completa y protejan el patrimonio público. Alega que, al rechazar la investigación externa sin contar con toda la información y sin un dictamen jurídico activo ni un análisis financiero sólido, el Concejo habría incumplido esos estándares.
Por ello, Corella solicita seis cosas principales: que se admita su recurso, que se deje sin efecto el acuerdo que rechazó la moción de la regidora Luisa Chacón, que el Concejo vuelva a conocer la propuesta con análisis técnico-jurídico completo, que cualquier decisión futura respete estrictamente la ley y la obligación de fiscalizar los recursos municipales, que se incorpore toda la documentación relevante al expediente y que quede constancia de que, si el recurso se rechaza sin una motivación suficiente, acudirá a la vía judicial contencioso-administrativa.
El recurso fue conocido ayer lunes en la seción ordinaria del Concejo Municipal, fue aprobada su recepción y fue inviado a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su recomendación.
