El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha son las dos principales pandillas que delinquen en Guatemala, principalmente, en la capital del país centroamericano, donde llevan alrededor de tres décadas controlando zonas completas.
A diferencia de El Salvador, donde las pandillas eran las responsables de la mayoría de la delincuencia organizada, Guatemala debe lidiar con algo más: el narcotráfico, que en ocasiones confluye con las pandillas.
A casi medio año de haber asumido la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo reconoce que hay comunidades en su país que se encuentran prisioneras de las maras. Pero su estrategia, a diferencia de la de El Salvador, se basa en la contención de la actividad ilícita de las maras en las cárceles y, en darle a los jóvenes, oportunidades para evitar que sean presas de estos grupos.
“Estamos colaborando con la comunidad internacional para generar un impacto en este sentido”, dijo Arévalo a medios locales el 1 de junio, luego de que el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño le pidiera aumentar las medidas de prevención para frenar el reclutamiento de la niñez por parte de las maras y las bandas de narcotraficantes.
Actualmente, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan el control de los territorios en Guatemala para exigir dinero a los transportistas y comerciantes bajo amenaza de muerte, si se niegan a acceder a la extorsión.
Según el Proyecto Regional Infosegura en 2023, 2.944 guatemaltecos fueron asesinados, lo que equivale a una tasa de 16,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Pero la tasa aumenta si se trata de delitos contra el patrimonio. En 2023, 158 personas por cada 100.000 habitantes fueron víctimas de extorsión, robos y hurtos. La extorsión fue uno de los delitos con mayor incidencia en 2023.
Guatemala ha dejado claro que no impondrá un régimen de excepción como su vecino El Salvador, que desde marzo de 2022 declaró emergencia nacional a raíz de la violencia de las maras, y tras el aval del Congreso, modificó las leyes penales para endurecer el castigo a estos grupos.
Con la medida, El Salvador bajó su tasa homicida a 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, y ha desarticulado el brazo operativo de las maras en los barrios tras la captura de unas 80,000 personas acusadas de agrupaciones ilícitas.
Guatemala, en cambio, ha llamado “su primer paso” contra la inseguridad a desmontar el control que tienen las maras en las cárceles, empezando con la prisión de máxima seguridad El Infiernillo, donde el gobierno ha usado escáneres de penetración de suelo, paredes y techos para encontrar droga, celulares y dinero.
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