La migración que suele registrar el país implica desafíos de distinta naturaleza, tanto para las autoridades como para las propias personas migrantes, quienes, en algunas ocasiones, recurren a documentación falsa o adulterada en su afán por cumplir requisitos o realizar trámites, lo cual puede configurar un delito. 

El Fiscal, Óscar Serrano, reveló que, incluso, existen personas que se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de quienes ingresan al país, para venderles documentos falsos y engañarles. 

Presentar documentación de este tipo puede configurar el delito de uso de documento falso, para el que se establecen penas de uno a seis años de prisión, mientras que, la acción de falsificar se puede calificar bajo la figura de falsificación de documentos públicos o auténticos, sancionada con las mismas penas. 

La autoridad judicial agregó que, si esta conducta la comete una persona funcionaria pública, la calificación penal se agravaría, con una sanción que podría ir desde los dos hasta ocho años de prisión. 

Serrano indicó que, de acuerdo con información de la Dirección General de Migración y Extranjería, se han presentado adulteraciones en comprobantes de las citas que se otorga a las personas extranjeras para solicitar refugio, en los permisos de trabajo o cuando se expide algún documento, como una cédula de residencia. 

El Fiscal recomienda recurrir siempre a la vía oficial para realizar los trámites migratorios, los cuales son gratuitos, y evitar caer en la conducta de pagar a grupos criminales que falsifican los documentos, ya que las consecuencias pueden ir más allá de lo administrativo y llegar hasta enfrentar una causa penal.  

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