Jeison Álvarez metió en su pequeña maleta un par de camisas, dos pantalones, su pasaporte nicaragüense y una fotografía impresa de su niña de 6 años, a la que dice que, posiblemente, no verá en al menos una década.
Se había establecido durante los últimos dos años en Costa Rica, a donde llegó huyendo de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, que lo señalaba de “golpista”, por unirse a las manifestaciones antigubernamentales de 2018. Ahora regresa a Nicaragua a escondidas a través de la frontera, solo para despedirse de su hija y su familia.
En Costa Rica trabajaba en una barbería, pero con la pandemia del coronavirus se redujeron sus ingresos y ahora quiere ir a Estados Unidos en busca de una mejor situación económica.
En San José, Álvarez abordó un autobús que lo dejó en una parada de buses cercana a la frontera de Nicaragua, donde un “coyote” lo esperaba para pasarlo al otro lado.
Cruza con el coyote “por ahorrar dinero”, dice Álvarez, “y obviamente porque no quiero que tengan mi registro al pasar por Nicaragua, porque iría preso”.
Para un nicaragüense retornar a su país desde Costa Rica no existe impedimento legal, pero muchos exiliados que han huido del gobierno de Ortega, como Ramírez, evitan hacerlo y optan por entrar ilegalmente a Nicaragua por temor a ser reconocidos por las autoridades y detenidos.
También es una vía más económica para muchos.
Equipos de La Prensa y la Voz de América acompañaron a Ramírez durante su recorrido a través de la frontera.
El muro y los peligros
Los migrantes atraviesan la frontera por lo que llaman “puntos ciegos” porque se supone que logran pasar inadvertidos por las autoridades de Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, no pasan inadvertidos para los ladrones y muchos de los migrantes corren el riesgo de ser atracados y quedarse sin dinero ni pertenencias.
María Estela Hurtado es una nicaragüense nacionalizada en Costa Rica, quien asegura ver pasar a diario a “un montón” de migrantes cerca de su patio, que colinda con uno de los “puntos ciegos”, cercano a un enorme “muro de latas” que Ortega mandó a instalar en la frontera de Peñas Blancas con el fin de bloquear la salida de migrantes.
Hurtado relata “horrores” que le ha tocado ver, entre estos a migrantes abandonados del lado nicaragüense tras ser asaltados en suelo tico y regresados por los militares de Nicaragua.
“A mí me ha dado mucho pesar y me enferma. Un día de mañanita, porque mi trabajo es que echo tortillas, abriendo la puerta oigo la gritadera porque ya habían asaltado a unos migrantes y les habían quitado toda la platita, les pegaron a unos niños y los dejaron sin nadita, hasta los zapatos les quitaron”, afirma Hurtado.
La lugareña remarca que en el “muro”, como le dicen a las láminas de zinc vigiladas por el lado nicaragüense, se han incrementado los asaltos y complicado el cruce de migrantes, que deben pasar por debajo abriendo huecos, o saltarlo, arriesgándose a herirse, o rodearlo y correr el riesgo de pasar una quebrada o ser asaltados.
En marzo de 2022, el presidente Ortega mandó a construir “el muro de zinc”, de cuatro kilómetros de extensión, desde el puesto fronterizo de Peñas Blancas hasta el cauce del río Cabalceta.
El monto que pagan los migrantes a los “coyotes” por las rutas cercanas al muro es de 10.000 colones (unos 15 dólares), que por un tiempo subió a 25.000 colones (unos 38 dólares) porque había aumentado el trayecto que debían recorrer y el riesgo por cruzar por la quebrada o a través del muro.
Los militares, según los pobladores de la frontera, tienen “horas en las que se van” de la zona y es entonces cuando los ladrones aprovechan para asaltar a los migrantes.
El camino
La ruta escogida por los nicaragüenses es mayormente hacia el sur, a Costa Rica.
Eliezer, otro migrante originario de Granada que se encuentra exiliado en Costa Rica después de las elecciones de noviembre de 2021 —donde Ortega se reeligió tras encarcelar a casi todos los opositores— ha visitado Nicaragua en un par de ocasiones de forma irregular. Ir por las vías establecidas en la frontera sería un problema para él, según dice, porque corre peligro de ser detenido por ser opositor al gobierno.
El camino por donde transitó irregularmente afirma que estaba un poco “flexible”, en relación a otras ocasiones, cuando llueve y hay mucho lodo.
Asegura que cruza la frontera de esa forma para aminorar costos, pero también para evitar algún tipo de encuentro con las autoridades migratorias de Nicaragua, ya que a su familia “le han llamado golpistas” y los asedian constantemente.
“Andábamos de visita rápido en Nicaragua”, señala el hombre de 26 años, mientras sostiene en brazos a una de sus hijas.
En toda la frontera de Nicaragua y Costa Rica, cuya longitud es de unos 300 kilómetros, extendiéndose entre las costas del mar Caribe y el océano Pacífico, hay unos 51 pasos irregulares que han sido detectados, según un estudio realizado por la Fundación Arias.
Entre las personas que realizan actividades de tráfico de migrantes, llamados “coyotes”, hay personas que lo realizan “de buena fe y como una alternativa económica”, pero, por otro lado, hay peligro de trata de personas y “tráfico de otras mercancías”, señala la Fundación.
Uno de los que se identifica como “coyote” accedió a conversar con la VOA y La Prensa bajo la condición del anonimato. Este hombre, de rasgos ásperos y carácter fuerte, dice que la migración ha aumentado durante los últimos años de una manera “impresionante” y eso de cierta forma le ha ayudado a generar ingresos a su familia en Nicaragua.
“Si antes estaba en un 40 por ciento la migración, ahora está en un 80 ó 90 por ciento. Son demasiados migrantes”, dice el hombre. “Esto no lo hacemos por hacerlo, sino por una necesidad. En mi caso, lo hago para llevar un sustento a mi casa”, agregó.
De acuerdo con las autoridades costarricenses, los migrantes nicaragüenses representan alrededor del 90 por ciento de las solicitudes de refugiados en este país, y el 11.5 por ciento de los 5.2 millones de habitantes de Costa Rica.
Desde la crisis política que comenzó en Nicaragua en 2018, Costa Rica ha recibido unas 180.000 solicitudes de refugio y, de esas, el 89 por ciento son de nicaragüenses, mientras que las restantes se dividen entre venezolanos, colombianos y salvadoreños, según datos de Migración y Extranjería.
