La oficina de prensa del Ministerio Público dio a conocer un informe en el que se señala que, en Costa Rica se siguen 170 investigaciones por lavado de activos.
El Fiscal especializado, Andrés Garro Mora, asegura que empresarios lícitos no pueden competir contra lavadores al crear una distorsión comercial.
El especialista en este tipo de delitos de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial señaló que, a través de ese mecanismo, a nivel nacional, durante el 2022 se ha presentado un total de 37 demandas por $7.786.624,90 y ¢241.332.485, así como dos inmuebles y cuatro vehículos.
El funcionario también confirmó que se obtuvo ocho sentencias con lugar, equivalentes a $57.227 y ₡44.834.000, dinero que pasa a las arcas del Estado.
Según un corte hecho a mediados de octubre, el Ministerio Público dirige 170 investigaciones por lavado de dinero; en 32 de estas el presunto origen del blanqueo de capitales se encuentra en el narcotráfico, mientras que en 130 casos se investiga ese aspecto, y las restantes se originan en otros delitos .
Informó Garro Mora que los efectos de esta actividad ilegal tienen la capacidad de ser tan nocivos que pueden llegar a afectar hasta la política cambiaria del país.
El comunicado señala que aunque la mayoría de casos que se registra en Costa Rica tiene su origen en el narcotráfico, el lavado de activos puede darse como parte de una variedad de actividades delictivas, tales como estafas, secuestros, trata de personas u homicidios por sicariato y cualquier delito que pueda ser castigado con pena de cuatro años dentro de su rango de sanción.
El experto dio a conocer esta realidad país en el programa Frecuencia MP, tras la conmemoración el 29 de octubre del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, delincuencia que Garro define como “cualquier acción encaminada a dar apariencia de licitud a bienes y dineros que son producto de actividades delictivas graves”.
Empresas no pueden competir con lavadores
Para el fiscal, las consecuencias del lavado de dinero pueden verse en distintos ámbitos.
“Primero, se crea una distorsión comercial, pues, claramente, negocios que funcionan lícitamente no pueden competir con otros que se sostienen con dinero originado en actividades criminales”, dijo.
“También puede llegar a afectar desde un punto de vista social, por el poderío económico que puede ejercer el grupo lavador sobre la comunidad, exponiendo a esta y al país a las actividades criminales que generan estas ganancias, como lo son el narcotráfico y otros delitos graves”, agregó.
Uno de los esfuerzos del MP para mejorar la persecución de esta delincuencia inició en enero pasado, cuando se abrió una oficina de la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, con presencia permanente de personal fiscal.
A la fecha, esa iniciativa ha permitido la apertura de 41 casos, de los cuales 24 se encuentran en trámite y 17 se resolvieron con desestimación; no obstante, en cuatro de estos últimos se presentaron demandas por capitales emergentes, por montos de $50.844 y €6.100.
Por medio de este proceso, indicó Garro:
“En los casos en los que no podemos determinar cuál es el delito que originó el patrimonio, pero tampoco podemos establecer una procedencia lícita, el MP presenta una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo y, en ese juzgado, se le da audiencia a la persona a la que se le decomisó el dinero o los bienes; si esta no logra probar la procedencia lícita de este patrimonio, se dicta la pérdida del activo en favor del Estado”.
