Las elecciones presidenciales y diputadiles para el período constitucional 2026-2030 están a la vuelta de la esquina: prácticamente, a un año calendario y la campaña ya arrancó, aunque la ley electoral indica que debe iniciar hasta octubre de este 2025.
Gran parte de nuestra clase política electorera es muy hábil en burlarse al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), especialmente, en eso del financiamiento de candidaturas. Pero, bueno, este no es el tema del presente comentario.
La Costa Rica que está llegando al final del primer cuarto del siglo XXI está desconocida: es la de la desigualdad social, la de la exclusión económica, la del imperio de la delincuencia organizada y del narcotráfico; la de un deterioro impresionante en la inversión social que se requiere para, al menos, desacelerar la profundización de la velocidad con que está creciendo esa desigualdad y esa exclusión… y otros etcéteras muy tristes.
Al considerar lo anterior y con base en nuestra perspectiva sociopolítico-sindical que inspira nuestra lucha cotidiana, el grave asunto del empobrecimiento salarial que están sufriendo las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que tienen empleos relativamente estables, debe convertirse en uno de los principales emplazamientos públicos que el sector obrero organizado está obligado a formular a cada una de las personas candidatas y/o precandidatas aspirantes a la Presidencia de la República, a partir del 8 de mayo de 2026.
Nos proponemos formular nuestro emplazamiento en la materia referido a estos sectores de trabajo asalariado:
EMPLEO PÚBLICO. Salarialmente hablando, las personas trabajadoras asalariadas estatales que laboran en los niveles medios y bajos de la Administración Pública acaban de ingresar al quinto año consecutivo de un congelamiento salarial total y que nosotros catalogamos como socialmente criminal. Una fatídica legislación de fuerte contenido anti-obrero, popularmente conocida como combo fiscal, la Ley No. 9635, les fue impuesta en el 2018 por la alianza co-gobernante de ese momento, compuesta por los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana (conocida como PLUSC-PAC), encabezada por Carlos Alvarado Quesada. Estos partidos ya están anunciando sus precandidaturas presidenciales.
Hablamos de las personas trabajadoras de los cuerpos policiales, de la salud y de la seguridad social, de los ministerios y sus correspondientes entes adscritos, importantes entidades autónomas descentralizadas y descentralizadas, entre otras; todas las cuales, a la fecha, han visto-sufrido una pérdida real del poder adquisitivo de sus respectivos salarios de hasta un 15 %, al menos.
Como es público y notorio, la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, dadas sus remuneraciones salariales millonarias, no sufre afectación por este congelamiento salarial, aunque se les esté aplicando. Y, por cierto, a la parte “más empobrecida”, salarialmente hablando, de esta cúpula, que es el gabinete ministerial, el propio Chaves les duplicó el salario, al 100 % y más.
EMPLEO PRIVADO. De manera muy irresponsable se ha venido mencionando que Costa Rica tiene el salario mínimo “más alto” de Latinoamérica, sin hacer el análisis integral del asunto que incluye, como factor predominante, el impacto económico que tiene la existencia cotidiana en nuestro país, catalogado, sino el más, como uno de los más caros de la región para vivir. El más reciente ajuste por costo de vida al salario mínimo, de 2.37 %, causó generalizada indignación obrera.
En no pocos casos, el patrono no lo aplica y le indica al trabajador que ya está ganando más del mínimo, aunque solamente sean 100 colones de más de ese mínimo. Y en lo que respecta al papel de la inspección laboral de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, la debilidad de la misma enorme daño causa a las personas trabajadoras sujetas a la “dictadura” del salario mínimo.
EMPLEO PRIVADO-ZONAS FRANCAS. Ante la caída del valor del dólar, quienes laboran, asalariadamente, en las mismas, no solamente están sufriendo un grave perjuicio económico individual y familiar, sino que su propia calidad de vida está en descenso. En las zonas francas, dada la exoneración de pago de impuestos que cubre sus diversas actividades productivas y de negocios, la acumulación de renta empresarial es elevadísima mientras que, como queda indicado, la fuerza obrero-técnica está empobreciéndose.
En conclusión: Si esas personas precandidatas o candidatas presidenciales quieren el voto obrero del empleo público, el del empleo privado, el del empleo de zonas francas, hay que demandarles que den su posición contundente al respecto de este empobrecimiento salarial en desarrollo. Trabajaremos duro al respecto.
El autor de este artículo de opinión es Secretario General de ANEP.
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