El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, decretó “emergencia hídrica” en el país, luego de más de siete meses de sequía y con uno de los embalses de agua dulce que abastecen al 60 % de Montevideo y a una zona metropolitana, donde reside el 60 % de la población, bajo mínimos.
Lacalle Pou anunció que exonerará de impuestos al agua embotellada y que se controlará su precio al decretar la estado de emergencia hídrica. Este mecanismo, añadió, le permitirá al gobierno hacer una obra en treinta días para potabilizar agua en el arroyo San José e inyectarla al sistema de potabilización y distribución del país.
La última información disponible de Obras Sanitarias del Estado (OSE), la empresa estatal potabilizadora y distribuidora del agua, de hace cinco días atrás es que de los 67 millones de metros cúbicos que tiene el embalse de San Severino, el más grande de Uruguay, ubicado en el Río Santa Lucía, quedaban 3,7 millones de metros cúbicos.
El otro embalse, que abastece a la capital es el de Canelón Grande, también en escasez de agua.
No obstante, el presidente afirmó en conferencia de prensa el lunes que “el suministro de agua en el grifo está asegurado”. Pero, advirtió que se está monitoreando la calidad del líquido.
“No se va a cortar el suministro del agua, lo que puede pasar es que haya un agua de peor calidad” que la actual, aclaró.
El río Santa Lucía, uno de los cursos de agua más importantes de Uruguay abasteció durante más de 150 años de agua dulce a Montevideo y su zona de influencia hasta los primeros días de mayo de este año.
Desde entonces, las autoridades decidieron tomar agua salada del Río de la Plata, lo que duplicó los niveles de sodio y también de cloruros para su desinfección. La situación provocó la queja de los ciudadanos uruguayos.
