El Alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro, fue condenado e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante un periodo de seis meses, así como al pago de 60 días multa, luego de ser declarado culpable de dos delitos de nombramiento ilegal.
La sentencia 791-2019 fue ratificada por la Sala Tercera en febrero de este 2022 y separa a Córdoba de sus funciones de Alcalde desde el 18 de febrero hasta el 18 de agosto próximo.
Este caso se remonta al 2003, por el Nombramiento ilegal del entonces funcionario, Wilberth Rojas Cordero, como Administrador de la Municipalidad de San Carlos.
En el 2015, la Contraloría General de la República (CGR) interpuso la denuncia penal contra el alcalde y “16 años después” se dictó la sentencia por parte del Tribunal Penal de Hacienda contra el jerarca municipal Sancarleño.
Según el Código Municipal, en el artículo 18, será causa automática de pérdida de la credencial de alcalde municipal el hecho de “ser declarado, por sentencia judicial firme, inhabilitado para ejercer cargos públicos”, pero todavía las autoridades no han anunciado ninguna decisión al respecto.
Con todo este panorama de la justicia claro, no encontramos explicación para que hoy el pueblo de San Carlos y el mismo Alcalde sean víctimas de la incertidumbre y el vacío de poder por la inacción del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el mismo Poder Judicial que, frente a sus narices, el funcionario regresó para ejercer el cargo, desacatando la sentencia que establece fechas concretas de inhabilitación.
Este caso da fundamento al Tercer Informe del Estado de La Justicia en Costa Rica, donde se indica que, de cada 10 costarricenses, 6 no tienen confianza en el Poder Judicial y, ni qué decir del TSE, que ya entró en la crisis de credibilidad.
Tanto el Tribunal Supremo de Elecciones como la misma Sala Tercera y el Poder Judicial en su conjunto, nos dejan la duda de, si su actuar responde a la ineficiencia o a un acto premeditado, para dejar que el tiempo corra y en el tiempo se diluya y evapore la sentencia.
Algunas preguntas para que se las respondan a los costarricenses:
¿Por qué no actuaron de oficio? ¿Qué pasaría si la Vicealcaldesa, Karol Salas, no presenta la denuncia? ¿Por qué tuvo la denunciante que acudir a la Inspección Judicial para que se enviara el caso al TSE? ¿Por qué el TSE le da tres días de descargo al alcalde, acaso puede convencerlos de que la condena fue injusta?
Y, finalmente, ¿Por qué han pasado ya casi tres meses, sin que puedan los magistrados aplicar el artículo 18 del Código Municipal?
Como es posible que un funcionario denunciado tuviera que esperar 20 años para escuchar a la justicia pronunciarse, dónde queda el pueblo administrado por este u otros funcionarios que debieron estar fuera, si cometieron delitos.
Señores jueces y magistrados de ambos poderes, no sigan sembrando dudas sobre su imparcialidad. La justicia, el servidor público condenado y el pueblo de Costa Rica, que es a quien deben dar respuesta, no a La Región como medio, tienen los ojos sobre ustedes, no sigan contribuyendo a la pérdida de credibilidad, hagan el trabajo para el cual fueron nombrados y bien remunerados, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
Hoy, cuando los magistrados alzan la voz para reclamar independencia de poderes, que en una democracia es fundamental, nosotros desde un medio de comunicación regional hacemos eco del clamor de justicia pronta y cumplida, como otro pilar de la democracia.
Con su accionar, ustedes son los que dan sustento a voces populistas, que en América Latina vienen ganando poder y, como autoridades, deben tener presente que son depositarios temporales del poder.
Aceptarlo y combatir esos males es el camino correcto, ignorarlo es la debacle para el futuro de nuestro sistema democrático.
