Por Welmer Ramos González, economista
En Costa Rica se ha abierto una disputa social profunda alrededor del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). El centro del debate es claro: ¿deben las personas jubiladas recibir la totalidad de sus ahorros acumulados en su cuenta individual o solo una parte?
Existe hoy un movimiento social que presiona para que quienes ya se pensionaron, o se pensionen antes del 2030, puedan retirar el 100% de su ROP. No se trata de devolverlo a todos los trabajadores, sino únicamente a quienes alcancen la jubilación en ese periodo.
Un cambio abrupto
Hasta el año 2020, prácticamente todas las personas que se jubilaban recibían la totalidad de los fondos del ROP. En ese momento, el régimen aún no había madurado como una verdadera pensión complementaria. Se afirmó que sería alrededor del 2030 cuando el ROP permitiría aportar entre un 10% y un 20% adicional a la pensión básica.
Sin embargo, una reforma legal cerró abruptamente esa posibilidad.
Quienes se oponen a entregar el ROP completo sostienen que esa práctica compromete la seguridad económica del pensionado, pues podría agotar sus recursos rápidamente. Un pago mensual, argumentan, garantiza estabilidad y reduce riesgos, cumpliendo con el verdadero propósito del sistema: complementar la pensión básica con ingresos sostenibles.
La dura realidad de jubilarse
El problema es que las personas que hoy alcanzan la edad de retiro enfrentan una realidad económica dura y desigual.
Al pensionarse, su ingreso mensual cae en promedio un 40%. Las oportunidades laborales son casi inexistentes; el sobreendeudamiento es alto; el acceso a crédito desaparece; las necesidades de salud aumentan y los servicios públicos se deterioran. La jubilación, que debería ser una etapa de tranquilidad, se ha convertido en fuente de zozobra.
Desconfianza acumulada
Las pérdidas recientes en los fondos del ROP, la opaca rendición de cuentas y la cercanía con grandes grupos financieros alimentan la desconfianza ciudadana.
En sus orígenes, el ROP prometió invertir en el país —en infraestructura, energía, vivienda y desarrollo del mercado de capitales— para impulsar el crecimiento y proteger los ahorros.
La realidad, en cambio, muestra un sistema cómodo en la intermediación financiera, que envía buena parte del dinero al exterior y asume riesgos elevados, como lo reflejan las pérdidas de los últimos años.
¿Desaparecerían los fondos?
No. La devolución del ROP a quienes se jubilan no implica el colapso de los fondos, pues con apenas 2 puntos porcentuales de la rentabilidad anual podría cubrirse ese retiro.
La rentabilidad actual ronda entre 3,5% y 4,5%, mientras las deudas personales pueden alcanzar tasas del 30% anual.
Esto genera una paradoja: una persona endeudada podría estar financiando, con su propio ahorro del ROP, los intereses que paga al sistema financiero.
Un debate más allá del dinero
El dilema también evidencia la voracidad del sistema financiero y la falta de acción política para ofrecer soluciones humanas y solidarias. No es casual que existan más de 715.000 casos de cobro judicial en el país.
En el fondo, la discusión sobre el ROP es una cuestión de credibilidad y valores. No se resuelve solo con tecnicismos financieros, sino con principios de justicia, equidad, transparencia y dignidad.
El sistema de pensiones debe priorizar el bienestar de las personas sobre la comodidad del sistema financiero.
Mientras no se reconstruya la confianza ni se atiendan las condiciones reales de quienes se jubilan, cualquier respuesta será incompleta.
Pensar el ROP exige ir más allá del miedo al despilfarro y la defensa del status quo. Hay que colocar en el centro a la persona, con sus derechos, necesidades y dignidad en la vejez.
