El respeto institucional en debate tras declaraciones del presidente
En una democracia, el respeto entre poderes del Estado no es un gesto simbólico, sino una condición básica para el funcionamiento del sistema institucional. Así lo plantea el analista Álvaro Apestegui, quien cuestiona recientes declaraciones del presidente de la República sobre la relación con la Sala Constitucional de Costa Rica.
“Decir ‘a la Sala Constitucional la tenemos que obedecer, pero respetarla no’ no es un exabrupto aislado: es la cristalización de una cultura política que pretende normalizar lo inaceptable.”Álvaro Apestegui
Según el autor, en un Estado democrático el respeto a las instituciones no depende de la coincidencia política con sus decisiones, sino del reconocimiento de su rol dentro del equilibrio de poderes.
Los contrapesos del Estado de derecho
Apestegui sostiene que el sistema republicano se basa en la separación de poderes, donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial cumplen funciones distintas que se controlan entre sí.
“El Estado de derecho se construye sobre la idea de que el poder se limita a sí mismo.”
Desde esta perspectiva, el problema no radica en cuestionar decisiones judiciales, algo legítimo en democracia, sino en deslegitimar a las instituciones cuando estas imponen límites al poder político.
El autor advierte que cuando desde el Ejecutivo se cuestiona a entidades como la Sala Constitucional, la Contraloría o la prensa, el mensaje que se transmite a la administración pública es que la institucionalidad solo es válida cuando coincide con el gobierno.
“En esa lógica, la democracia deja de ser un sistema de reglas y se vuelve una disputa de voluntades.”
El debate sobre las frecuencias de radio y televisión
El artículo también aborda el debate generado tras la anulación del proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión por parte de la Sala Constitucional de Costa Rica.
Apestegui recuerda que el espectro radioeléctrico es un bien público, por lo que su asignación debe priorizar el interés general.
“El espectro radioeléctrico es un bien público, y su asignación debe proteger el interés general.”
En ese contexto, el autor cuestiona el tono político con el que se ha tratado el tema desde el Gobierno y señala que el debate técnico sobre el modelo de asignación se ha transformado en una confrontación política.
Críticas al manejo político del tema
El análisis también menciona el rol de la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora.
Según el autor, en lugar de explicar con claridad los ajustes necesarios tras la resolución judicial, el discurso oficial ha recurrido a señalamientos y a una narrativa de confrontación.
“Ese estilo no construye política pública. Construye trincheras.”
Para Apestegui, un jerarca técnico debería centrar el debate en evidencia, reglas claras y argumentos verificables.
El pluralismo como límite democrático
Uno de los puntos centrales del debate es el criterio de pluralismo en la asignación de frecuencias, señalado por la Sala Constitucional.
El autor explica que el pluralismo busca evitar que el sistema favorezca únicamente a quienes tienen mayor capacidad económica.
“Si el esquema hace que gane quien más paga, el mercado no se abre: se concentra.”
De acuerdo con esta visión, un proceso de asignación basado principalmente en el precio podría generar concentración mediática y reducir la diversidad de voces.
Riesgos para la institucionalidad
Apestegui advierte que el mayor riesgo no está únicamente en el concurso de frecuencias, sino en una forma de ejercer el poder que cuestiona constantemente los límites institucionales.
“El problema no es solo el concurso de frecuencias. El problema es un estilo de poder que no tolera límites.”
Según el autor, cuando se instala la idea de que las instituciones solo merecen respeto si favorecen al gobierno de turno, el sistema democrático se debilita.
Un llamado a la responsabilidad política
El texto concluye señalando que las reformas en políticas públicas deben defenderse con argumentos técnicos, evidencia y respeto al marco institucional.
“Costa Rica no necesita gobernantes que desprecien fallos. Necesita autoridades capaces de sostener reformas con seriedad y respeto por el marco legal.”
Para Apestegui, el verdadero desafío consiste en preservar la institucionalidad democrática incluso cuando existen desacuerdos entre los poderes del Estado.
