El periodista Irving Vega se sacudió por las acusaciones realizadas por el Concejo Municipal de San Carlos, ante el pago de horas extras y una nota del periódico la Nación donde indican que no está colegiado.
El comunicador acusa a los regidores de acoso laboral y persecución, mientras Karol Salas ventilo lo que podría interpretarse como tráfico de influencias contra una de las regidoras para el nombramiento de una periodista.
Este es el documento completo de descargo del Periodista Irving Vega:
Debido a la clara parcialidad y deliberado poco tiempo para respuesta dado por el periodista Roger Bolaños del periódico La Nación al solicitar información respecto a la nota denominada:
“Regidores de San Carlos preocupados por alto pago de horas extra a funcionarios de la alcaldesa”, siendo que me envía un mensaje Whatsap de solicitud de información el pasado viernes 24 de febrero a las 3:26 pm para un “fairness” sobre la publicación que se hizo el día sábado 25 de febrero en el medio digital y el día domingo 26 de febrero en la versión impresa, con clara alevosía de no dejar espacio de respuesta debida, a sabiendas de que me encontraba de vacaciones, como el mismo periodista me dijo que sabía que estaba de vacaciones, y en razón de que no me dieron ni 24 horas para trabajar mi defensa de respuesta en alusión a la mención que se hace sobre mi persona en la nota publicada, por lo me permito responder losiguiente:
En apego al derecho de rectificación y respuesta en las mismas condiciones y espacio de la nota publicada y derivado del artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y del artículo 14 de la Convención sobre Derechos Humanos, así como a los artículos 66-69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional manifiesto lo siguiente:
Como periodista de la Municipalidad de San Carlos hago denuncia pública por acoso y persecución política debido a intereses personalísimos y políticos de regidores.
Inicio este descargo público haciendo de conocimiento a la opinión pública sancarleña y en general, en primera instancia, que el Concejo Municipal de San Carlos se auto aprobó de manera unánime un 14,74% sobre sus dietas según consta en el cálculo del presupuesto ordinario 2023, lo que significa para el erario público un pago total a regidores y síndicos mensual de 24 millones 897 mil 481 colones y un total anual de 298 millones 769 mil 780 colones. O sea, que por año el Concejo Municipal destina para sí mismo casi ₡300 millones de colones.
En ese sentido, cada regidor pasó de ganar de 147 mil 775 colones por dieta, a 169 mil 083 colones por dieta, o sea, por solo 2,5 horas a la semana de sesión ordinaria, cada regidor propietario recibe casi 170 mil colones, siendo que realizan seis sesiones al mes (cuatro ordinarias y dos extraordinarias).
Ese monto de 169 mil 083 colones se refleja en un total recibido por cada regidor propietario de 1 millón 014 mil 498 colones por tan solo asistir 15 horas al mes en promedio a sesiones de Concejo Municipal, reiterando que cada sesión tiene un promedio de tiempo de 2,5 horas.
Siendo entonces que, por año, cada regidor propietario cumple un promedio de 180 horas en sesiones y por ese periodo de horas cada regidor gana un aproximado anual de 12 millones 173 mil 976 colones, horas que se traducen en tan solo 7,5 días laborados por año en un máximo de 72 sesiones de Concejo Municipal de 2,5 horas cada cada una que podrían realizar en doce meses.
Se sumarán también algunas otras horas en comisiones, actividades protocolarias y reuniones que de igual manera no les toma un día laboral como cualquier otro funcionario público a tiempo completo.
Esa cantidad de dinero que sí es exorbitante la reciben sumado a su sueldo como trabajadores en el sector privado y/o público, pues la mayoría de los regidores, que también trabajan para el sector privado, público o en lo propio, reciben la dieta pública como parte de ser miembros del Concejo Municipal.
¿Es justa tal cantidad de dinero recibida por cada regidor municipal?
Aclaración sobre pago de horas extra a mi persona
En cuanto a la información referente a mi persona por pago de horas extraordinarias de las cuáles se hace referencia detallo con total tranquilidad y legalidad lo siguiente: En primer lugar es falsa la interpretación que el título de la publicación quiere dar a la ciudadanía, pues ningún funcionario institucional, sea con plaza, interino o por servicios especiales es funcionario de la Alcaldesa, la realidad es que es funcionario institucional apegado al organigrama institucional y al manual municipal de puestos salvo aquellos funcionarios de confianza que la ley le permite a la Alcaldía contratar y del cual mi persona no forma parte.
Que dentro de mis funciones como técnico 2 asistente de comunicación del departamento de Relaciones Públicas, cargo que he ejercido con plaza durante seis años, desde febrero de 2016 a noviembre de 2022, y que están claramente establecidas dentro del manual de puestos municipal, además de realizar todos los procesos acordes de generar y dar a conocer el acontecer municipal a la ciudadanía, está también el dar acompañamiento e informar a la población de todas las actividades públicas y protocolarias en la que participe o sea parte la Alcaldía Municipal, labor que he ejecutado a cabalidad estando el anterior alcalde y la actual alcaldesa, trabajo que he realizado tanto en horas ordinarias como en horas extraordinarias durante seis años y que los mismos regidores tienen los mismos años de conocer al respecto, sobre todo porque muchos de ellos participan en dichas actividades en las que participa la Alcaldía, insisto, tanto con el anterior alcalde y ahora con la actual alcaldesa.
De ahí que a todas luces resulta extraño que hasta ahora se dediquen a verificar mi trabajo hecho con la Alcaldía Municipal.
Debido a esa labor que como funcionario he debido y debo ejecutar, se han pagado horas extras por actividades propias del Departamento Relaciones Públicas y propias de la Alcaldía Municipal, en horarios extraordinarios, en los que recalco también han participado regidores y síndicos, una labor siempre vista normal por estos hasta que hubo un cambio de persona en la Alcaldía, extrañamente a partir de ese momento las funciones realizadas por mi persona empezaron a ser cuestionadas.
En efecto durante los meses de agosto a diciembre he recibido un total de 981 mil 438 colones por concepto de horas extras, lapso de cuatro meses en los que como la ley lo indica y lo permite, he laborado en diferentes ocasiones hasta las 12 horas diarias que el Código de Trabajo establece, sin que medie ninguna infracción o ilegalidad al respecto e incluso autorizadas de pago por el Departamento Recursos Humanos.
Ese monto derivado de horas extras durante cuatro meses trabajados, si lo comparamos con la dieta mensual por ejemplo del presidente del Concejo Municipal, Juan Diego González, o los regidores Vanessa Ugalde, Diana Corrales y Luis Fernando Solís, no se acerca al millón 014 mil 498 colones que ganan cada uno de ellos por una asistencia promedio de 15 horas el mes a las sesiones de Concejo Municipal.
A todas luces sus ganancias difieren mucho en cuanto a horas trabajadas por ellos en seis sesiones municipales de un mes respecto a mis horas trabajadas en cuatro meses, horas laboradas por mi persona debidamente justificadas, con información sobre las acciones realizadas evidentemente comunicadas a la población sancarleña a través de la página municipal de Facebook, comunicados de prensa a medios locales y en la página web municipal, reiterando que en muchas de esas actividades extraordinarias estuvieron presentes los regidores en mención.
Se debe aclarar también la información inexacta dada por el periódico La Nación que evidentemente no contrastó ni verificó datos como lo estipula el manual de ética del Periodismo al mal informar sobre la no colegiatura de mi persona ante el Colegio de Periodistas (Colper), pues para mi puesto como asistente de comunicación, el manual de puestos municipal no exige la colegiatura ante dicho órgano.
Ahora, al asumir el cargo de coordinador a.i del departamento Relaciones Publicas en noviembre de 2022, el manual de puestos municipal solicita tener al menos dos años cursados en carrera atinente, siendo que yo soy egresado de Licenciatura en Periodismo Social desde diciembre de 2018 a falta solo de la graduación oficial para obtener el título acreditativo, por lo que cumplo a cabalidad con los requerimientos del puesto que vuelvo a mencionar, no establecen la colegiatura ante el Colper.
Persecución y acoso político de parte del Concejo Municipal
Contexto.
Dicha persecución y acoso político hacia mi persona, y que denuncio públicamente, también pasa ya un acoso laboral (de lo cual ya me estoy asesorando jurídicamente para tomar las acciones legales según corresponda), inicia precisamente en noviembre de 2022, pues anterior a esa fecha, como ya expuse en párrafos anteriores, mi trabajo no era cuestionado por los regidores tras seis años de ejecutar las mismas labores.
El acoso y persecución de los regidores hacia mi persona inicia debido a que el actual coordinador del Departamento Relaciones Públicas sacó un permiso sin goce salarial por un periodo de un año.
Al dársele este permiso, el anterior Alcalde que ya había sido notificado de que tenía sentencia dictada por un juzgado penal y que posteriormente perdió sus credenciales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), colocó a “dedo” a la señora Lorena Solís Quirós, quien es prima y familiar de la actual regidora del partido Progreser, Vanessa Ugalde Quirós, siendo además que la señora Solís desconocía por completo de la labor municipal que se ejecutaba en el Departamento.
Al ser el anterior alcalde destituido por el TSE, la actual alcaldesa por temas administrativos y que no son de mi competencia, remueve del puesto a la señora Solís Quirós, prima y familiar, reitero, de la actual regidora Vanessa Ugalde Quirós, y por atinencia laboral y ascenso directo se designa desde noviembre anterior a mi persona como encargado a.i del Departamento Relaciones Públicas.
Este ascenso, por temas de manual de puestos municipal, hace que pase de técnico 2 a técnico 3 en el escalafón municipal de puestos, por lo que el salario bruto me pasa de 658 mil 409 colones a 766 mil 942 por el tiempo de coordinador a.i del Departamento hasta el 30 de junio de 2023, fecha de regreso del actual coordinador del Departamento, aumento que está justificado por ley y que insisto, queda muy corto respecto al más del millón de colones que ganan al mes los regidores por asistir a las sesiones de sólo 2,5 horas que realizan seis veces al mes.
Desde ese momento, la regidora Ugalde Quirós inició su acoso y percusión, en primera instancia a título personal como regidora, solicitando exclusivamente para “control político” según ella, el monto de mi sueldo y montos ganados por horas extras, cuando ella tiene impedimento de ley para actuar sola como regidora sin aval general del Concejo Municipal como un órgano.
Dicha regidora Ugalde Quirós, acuerpada por el Concejo Municipal ha exigido conocer datos sobre mis vacaciones, mismas que la ley me permite al completar el periodo ordinario para tal fin y que también pueden ser negociadas como lo establece el propio Código de Trabajo en caso de adelantarse o aplazarse según las necesidades laborales que se presenten.
Luego, ante un claro desconocimiento del Código Municipal y sus funciones propias que tiene la regidora Vanessa Ugalde Quirós (se le puede ver en reiteradas ocasiones consultando el Código Municipal y haciendo mal interpretación del mismo durante las sesiones), de que no puede actuar por sí sola como regidora representante del partido Progreser, se unen a la persecución y acoso político contra mi persona los regidores del PLN, Juan Diego González, del PUSC, Luis Fernando Solís y del PAC, Diana Corrales, como ya Concejo Municipal en pleno, todos ellos también partícipes en la mayoría de actividades a las que di cobertura durante las horas extras que ahora ellos mismos cuestionan y que nunca cuestionaron cuando cubría actividades similares en las que participaban ellos mismos junto con el anterior alcalde destituido por el TSE.
Lo anterior me demuestra clara persecución y acoso tanto político como laboral con todas las afectaciones hacia mi desempeño como funcionario, imagen, credibilidad y honor como persona.
Censura y entorpecimiento al derecho a la información que tiene la ciudadanía
sancarleña sobre el acontecer municipal.
Además de lo anterior, los mismos regidores en mención se han empeñado en evitar que realice mi trabajo, establecido por el manual de puestos municipal, de informar sobre el acontecer municipal y de la alcaldía municipal como lo establecen las diferentes leyes y jurisprudencias nacionales e internacionales de dar a conocer con transparencia y rendición de cuentas las acciones del municipio para el conocimiento y control ciudadano de saber en qué y cómo se invierte el presupuesto municipal y las acciones que se ejecutan como Gobierno Local.
Durante mucho tiempo tuve que realizar mi labor informativa y propia del Departamento con tan solo un celular, tras la negativa durante varios meses del Concejo Municipal, y sobre todo de los regidores en mención, de aprobar presupuesto para adquirir herramientas básicas para la información pública que merecen los ciudadanos, como lo es una cámara fotográfica y/o de video, trípodes, luces, grabadoras, cables de USB, discos de almacenamiento de archivos, una computadora, entre otras herramientas básicas para la producción informativa; así como la exigencia reiterada de aprobar un plan de comunicación del Departamento, cuando ellos carecen de total competencia para tal fin y teniendo total desconocimiento sobre temas de comunicación e información.
Se puede percibir que buscan a todas luces evitar que se dé cobertura a eventos protocolarios de Alcaldía y de la Municipalidad como tal, a pesar de que así se establece en el manual de puestos y de que esto se realiza en cualquier municipio, institución pública o ministerio del país, donde se debe informar a la ciudadanía sobre el accionar del jerarca, así como de la institución en general para la transparencia, eficaz y eficiente rendición de cuentas. Esta es una situación de presión que extrañamente no ejercían cuando estaba en función el alcalde anterior, y como no han tenido asidero legal para evitarlo, iniciaron su violento acoso y ataque político y laboral contra mi persona.
¿Más papistas que el Papa?
Resulta más extraño aún que ahora se preocupen tanto por el pago de mis labores extraordinarias y deber de informar a la población, cuando durante 2018 y 2019 un funcionario actual y quien fungía como chofer del anterior alcalde percibió solo en horas extras más de cinco millones de colones, funcionario que es además es amigo personal del presidente del
Concejo Municipal, Juan Diego González, funcionario contra quien al día de hoy no pesa un solo cuestionamiento de parte del Concejo Municipal respecto a sus más de cinco millones de colones percibidos sólo durante 2018 y 2019, sin contar lo apercibido hasta este 2023. Tampoco pesa ningún cuestionamiento contra otros 50 funcionarios municipales que según una lista del Departamento Control Interno, son quienes más han percibido dinero por horas extras a la fecha, lista en la que mi persona no aparece ni dentro de esos 50 lugares con más horas extras realizadas y pagadas; entonces, cuál es el verdadero motivo por la saña directa contra mí y no así ningún cuestionamiento contra ellos, pero que sólo solicitaron información exclusivamente para hacer referencia contra mí, habiendo toda una lista enorme de funcionarios que encabezan el cúmulo de horas extras.
Si tan preocupados están de que se hagan bien las cosas, entonces solo por citar ejemplo, por qué no actuaron de oficio como Concejo Municipal y con deber de probidad establecidos como órgano para denunciar como lo establece la ley y sus competencias la ilegalidad en la que se encontraba el anterior alcalde respecto a su sentencia en firme y hacer la debida solicitud de eliminación de credenciales ante el TSE.
Por qué no actúan contra ellos mismos habiendo regidores que forman parte de asociaciones de desarrollo comunal aun cuando la ley de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) les impide formar parte de estos puestos comunales siendo regidores, como lo es el presidente del Concejo Municipal, Juan Diego González al formar parte de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal de San Martín de Ciudad Quesada y a la vez ser regidor municipal.
Por qué no han denunciado cómo se debe las acciones correspondientes de Ley sobre el informe de auditoría realizado con la contratación y colocación de asfalto en caminos municipales aprobados por ellos que demuestra claras irregularidades e inconsistencias en estas obras comunales.
Lo anterior solo por poner algunos casos de inacción y evidente omisión adrede de parte del Concejo Municipal, en especial del presidente Gonzalez quien se supone debe asumir su cargo como tal.
Es entonces su accionar, demostrado y específico contra mi persona, un acoso y persecución política evidente, sobre todo al ser este año de campaña electoral y que tres de los regidores (González del PLN, Solís del PUSC y Ugalde de Progreser), quienes se han ensañado contra mí, tienen claras intenciones políticas y personales de alcanzar la Alcaldía Municipal.
A la opinión pública garantizo mi trabajo transparente y apolítico
Quiero dejar claro ante la población sancarleña y ante la opinión pública en general, que siempre he trabajado apegado a mis valores éticos y morales, tanto personales como periodísticos.
Que como lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, soy una persona apolítica sin ningún color partidario de preferencia y dedicado a cumplir mi labor a cabalidad y de la mejor manera esté quien esté en la Alcaldía Municipal, así lo hice durante la administración del anterior alcalde y seguiré haciendo con la actual alcaldía, y de quien sea que ocupe la silla principal del Gobierno Local a futuro, porque mi deber y trabajo es informar de la manera más clara y transparente a la ciudadanía, quien tiene todo el derecho a ser informada de la mejor manera sobre el acontecer municipal; insisto, soy y seré siempre municipalista e institucionalista.
No soy ni seré nunca un llamado “pega banderas” ni tendré un color político de preferencia, yo me debo a la institución como tal, no a una persona o color específico, pero sobre todo me debo a la ciudadanía que es la que paga mi salario, y ante eso mi trabajo siempre será arduo y esforzado para generar el mayor bien común posible desde mi labor periodística institucional como siempre lo he hecho. Cualquier persona que quiera conocer mi trabajo, mi accionar público, tiene las puertas abiertas para solicitar la información que considere pertinente sobre mi trabajo en apego al derecho del conocimiento de datos abiertos, transparencia y rendición de cuentas, en el entendido de que siempre y cuando no se trate de datos personales y/o sensibles, por lo demás, toda la información será siempre comunicada, tanto lo bueno como lo malo, y lo malo será comunicado con la mejor intención de conocer cómo se mejoran esas situaciones.
Que sepa también la comunidad en general que tienen el derecho de exigirle a cada regidor y síndico su rendición de cuentas y que estos como funcionarios públicos que reciben entre todos casi 300 millones de colones al año, tienen la obligación de explicar detalladamente cuál ha sido su labor en beneficio del bien común.
Que esa rendición de cuentas que por ley y moral pública deberían dar cada regidor y síndico a las comunidades que representan no es decir sencilla y llanamente que hacen “control político”, que atienden denuncias comunales o que aprueban mejora de caminos, no, su trabajo es mucho más que eso, y esas pequeñas acciones que hacen no es rendir cuentas al pueblo, el ciudadano sancarleño tiene el derecho total a saber cuál ha sido el trabajo ejecutado y de qué forma, por parte de cada miembro del Concejo Municipal, quienes nunca han rendido cuentas de su accionar ante el pueblo sancarleño y el cual es su deber y obligación, pues sus dietas son pagadas por cada ciudadano sancarleño.
Que sea la opinión pública la que juzgue el accionar del Concejo sobre mi persona, si he fallado como comunicador y sobre todo si es justa la cantidad exorbitante que se aprobaron pagar ellos con sus dietas mensuales que ganan, y más aún, si el pago justificado de mis horas extras laboradas en cuatro meses es incorrecto a pesar de estar sobre la legalidad, pero más aún que sea la ciudadanía quién se haga criterio propio sobre si es ético y moral que cada regidor reciba más de un millón de colones mensuales por solo 15 horas sesionadas al mes, y sin rendir cuentas, aunque la ley les permita tal remuneración que al año supera los 300 millones de colones salidos del bolsillo de los sancarleños.
Con mi frente siempre en alto, gracias.
Irving Vega Baltodano.
