Por costumbre o como negocio ilícito, los casos de especies silvestres domesticadas por personas siguen afectando a la fauna de nuestro país y así lo evidencian los recientes decomisos de dos jaguares en el cantón de Río Cuarto y la incautación de un ocelote, en Los Chiles.
En el caso de las aves, las loras y pericos, así como los gallitos, los jilgueros y los setilleros están entre las especies más amenazadas, además de algunas serpientes.
El fiscal adjunto ambiental, Alejandro Alpízar, explicó que, si bien la tenencia de un animal silvestre se califica como una contravención, está prohibida y tiene una sanción para las personas que lo cometan.
“Además, para poder llegar a tener el animal en una casa, alguien lo tuvo que sacar de su hábitat y eso constituye el delito de cacería; si alguien lo vendió, el delito de comercio; o si alguien lo introdujo desde otro país, el delito es la importación”, enfatizó Alpízar.
Adicionalmente, el fiscal especializado señaló que en Costa Rica hay una fuerte actividad de comercio de vida silvestre, tanto de especies que son sacadas del país como un tráfico interno, lo que da pie a otros delitos que son asociados a carteles o grupos organizados para lavar activos o legitimar capitales.
Efectos devastadores.
Además de las implicaciones penales de este tipo de hechos, la bióloga de vida silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Shirley Ramírez, destacó que sacar a los animales silvestres de sus hábitats tiene graves consecuencias para ellos y para el ser humano.
“Cuando se les pone en una jaula, por más grande que sea, no pueden expresar sus comportamientos naturales; eso va a provocar que el animal esté en estrés constante, lo cual se manifiesta en cambios en el comportamiento, como sonidos y movimientos repetitivos, entre otros”, puntualizó Ramírez
La bióloga también afirmó que el cautiverio hace que los animales pierdan muy rápidamente las posibilidades de reincorporarse con normalidad a su hábitat.
Es importante señalar que cualquier delito medioambiental lo puede denunciar a través del 800-8000-645, del Centro de Información Confidencial del OIJ.
