El cambio climático acelerado que vive el planeta, ha llevado al mundo tomar medidas tendientes a frenar o revertir los factores desencadenantes, los cuales tienen que ver con las emisiones de gases de efectos invernadero (GEI), que pueden provenir de muy diversas actividades humanas como son: quema de combustibles fósiles, talas de forestas, actividades pecuarias, producción industrial, entre otras.

El país tiene una matriz de generación de eléctrica muy limpia a base de fuentes renovables, pero no así en el uso de la energía para mover el transporte, que se genera a base dEe hidrocarburos y, además, cuenta con industrias muy contaminantes como las cementeras, la producción de vidrio, y la producción agropecuaria generadora de gas metano, entre otras.

De acuerdo con el Informe “Cuarta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático”, en un escenario de “bajas emisiones”, el país y el mundo enfrentarán un aumento de temperatura entre 1°C y 2°C para el 2050. Pero en un escenario de “altas emisiones” como el actual, enfrentaríamos un peligroso aumento de entre 3.8°C y 4.8°C, de aquí al 2099, con efectos económicos, sociales y ambientales catastróficos y, muy posiblemente irreversibles. Por lo que urge implementar programas estratégicos para adaptar al país a los impactos climáticos en las diferentes facetas de la vida nacional, en conjunto con las demás naciones del orbe.

El informe denominado “Cuarta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (CMNUCC)” señala que los esfuerzos que ha venido haciendo el país, han permitido una reducción del 69,1% en las emisiones totales de CO2 en los últimos 30 años. Esto se da principalmente gracias a las políticas implementadas en el sector forestal para reducir la deforestación y reforestar.

La cifra más reciente muestra que el sector forestal captura un 21% de las emisiones brutas del país. El total neto de emisiones de Costa Rica, es de alrededor de 12.500.000 T.M. de CO2 equivalente anuales.

Además, el informe muestra que el consumo de combustibles fósiles (para transporte, usos industriales y comerciales), es el mayor contribuyente a las emisiones del país, con un 55,1% del total, a este le siguen las actividades agropecuarias (20,5%) y el desecho de residuos (14,8%).

Las convenciones mundiales sobre el cambio climático, han revelado la necesidad que haya una acción conjunta para la protección del ambiente y, que los países y las empresas que más contaminan apoyen con recursos financieros a aquellos países y agentes que hacen esfuerzos por reducir las emisiones de GEI. Tales acciones, han impulsado la creación de mecanismos de compensación que requieren crear métrica para la medición de emisiones y capturas y, instituir mercados para la distribución de los fondos.

En Costa Rica los esfuerzos de mercadear las capturas de carbono se han concentrado en la conservación de bosques o las plantaciones de estos, con el apoyo estatal, pero no se han desarrollados acciones en igual magnitud para otras formas de reducir o de captura GEI, tales como tecnologías innovadoras, cambios en los procesos productivos, comportamientos antropogénicos, etc. Actualmente, solo la captura de CO2 mediante bosques se reconoce para el pago de servicios ambientales (PSA) por parte del Estado, mientras que en otros países se reconocen incentivos para todas las formas de reducción de emisiones.

En los últimos 4 años, el presupuesto para el Pago de Servicios Ambientales (PSA) se ha reducido significativamente, y de los recursos que por ley le corresponden a FONAFIFO, solo se le han girado el 60%, por lo que la capacidad para cubrir la demanda de PSA alcanza apenas al 16,4% de las áreas de conservación privadas, el restante no recibe apoyo alguno, se mantienen como áreas forestales porque son plantaciones comerciales, bosques con fines de turismo ecológico o bien porque pertenecen a personas que protegen por su propia cuenta.

Lo anterior, evidencia la necesidad de desarrollar otras opciones para compensar a quienes hacen esfuerzos en favor de la carbono neutralidad y no solo en el campo forestal.

La demanda de PSA, es un poco más de 5 veces mayor a lo que permite cubrir la asignación monetaria actual, y solo por lo que concierne a coberturas forestales privadas, sin tomar en cuenta que el Estado costarricense, también puede participar a través de las áreas de conservación que posee.

Ahora bien, el país no cuenta con cifras de capturas de CO2, distintas a las forestales, que son de interés fomentar y que podrían entrar también en este mercado. De lo que se concluye que, es necesario la creación de mecanismos de mercado para la comercialización de Certificados de Fijación de Carbono, pues de regularse, ya hay muchos emisores y la demanda, como se señaló antes, irá en aumento.

El comercio mundial de bienes está en proceso de implementar normas de desempeño ambiental para revertir la “competitividad” basada en la irresponsabilidad contaminante que campea en el mundo actualmente. Ya la Unión Europea ha implementado algunas normas obligatorias en la contabilidad fiscal de las empresas, que evidencien el desempeño ambiental y que repercuten en las cargas tributarias. Las cuales es muy posible que, en corto plazo, se les obligue a cumplirlas a aquellas empresas y países que quieran acceder a ese mercado.

Costa Rica ha dado algunos pasos para reconocer, medir y certificar todas las opciones de reducir las emisiones de CO2 de manera sistemática y crear las condiciones para generar mercado en lo referente a la carbono neutralidad del país, por ejemplo:

  • “Plan Nacional de Descarbonización” del 2018, que presenta una ruta para que el país sea carbono neutral en el 2050. Los objetivos son fortalecer la gestión y monitoreo de la acción climática, conservar ecosistemas de alta captación de gases de efecto invernadero, incentivar el uso de la energía eléctrica y la movilidad activa, y promover la participación ciudadana hacia una economía verde.
  • “Reglamento de Regulación y Operación del Mercados Doméstico de Carbono”, Decreto N° 37926-MINAE, vigente desde el 2013. Es un instrumento que está en vigencia y que establece toda una normativa para la gestión, certificación, verificación, inscripción y la vigilancia en general del Mercado Doméstico de Carbono (MDC), indistintamente del origen de la captura o el ahorro en las emisiones.  Y genera un marco de operación del MDC donde regula la gestión, la capacidad de monitoreo y verificación, evitando la doble contabilidad y promoviendo la agilización y simplificación de trámites y fundamentado en la Norma INTE 12-01-06:2011.
  • Norma INTE 12-01-06:2011, esta norma genera una definición común y de un método reconocido de verificación del término de la Carbono Neutralidad. Creando un mecanismo transparente de medición, reporte y verificación, de manera que se certifique el reconocimiento público de la Carbono Neutralidad, tanto nacional o internacional.

Al no existir un mercado o bolsa para la compra y venta de certificados de fijación de carbono, lo que impera son contactos individuales entre empresas, o a través de organizaciones empresariales, que compran o venden, según sea el caso Certificados de Fijación de Carbono, con el fin de demostrar, en los mercados en que operan, su responsabilidad para con el ambiente, amparados en la Norma INTE 12-01-06:2011.

Sin embargo, hay algunas acciones de un insipiente intercambio privado de certificados de fijación de carbono. Ese mercado doméstico no funciona como tal, hoy es meramente voluntario y casual. Esta deficiencia no es solo en el país, en el ámbito internacional, los esfuerzos apenas están en ciernes y no hay un mercado integrado. Los mercados que existen en el mundo son pequeños pero urge su fomento para el bien de la humanidad.

La humanidad no puede seguir tolerando la competencia basada en la irresponsabilidad ambiental y Costa Rica no solo debe crear mercados que permitan incentivar la responsabilidad ambiental, sino que debe revisar con seriedad la matriz productiva imperante. 

Se acabó el café.

El autor de este artículo de oponión es economista y exdiputado de la República.

Exit mobile version