El gobierno de Estados Unidos aseguró que sigue comprometido con utilizar sus herramientas para hacer que el “régimen Ortega-Murillo” rinda cuentas sobre sus acciones “antidemocráticas y desestabilizadoras” en Nicaragua.

Ante una consulta realizada por la Voz de América, vía correo electrónico, un vocero del Departamento de Estado precisó que “no adelantaban acciones relacionadas con las sanciones”, no obstante, reiteró el compromiso de la administración de Joe Biden de seguir presionando a Managua.

Tras las protestas contra el presidente Daniel Ortega, en 2018, las cuales fueron reprimidas dejando más de 300 muertos, según organizaciones de derechos humanos, Washington ha impuesto sanciones contra entidades y funcionarios cercanos al círculo del mandatario sandinista, quien retornó al poder en 2007.

Estados Unidos ha destacado que las medidas son directas contra personas señaladas de violar los derechos humanos, así como contra personas que “socavan las instituciones democráticas”.

A finales de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Minas (DGM) de Nicaragua.

Dichas sanciones se dieron bajo una nueva Orden Ejecutiva, firmada por el presidente Joe Biden, que amplía la autoridad del Tesoro para “responsabilizar al régimen de Ortega Murillo por sus ataques a la libertad de expresión”, según informó la embajada de EEUU en Nicaragua.

La administración de Ortega ha dicho al respecto que las sanciones suponen una violación de los derechos humanos y atribuye a esa razón la salida de miles de nicaragüenses del país.

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