San Carlos. A pesar de tratarse de un tema que afecta directamente a su cantón, los diputados sancarleños Jorge Rojas representante del actual gobierno, y Joaquín Hernández, de Liberación Nacional, guardan silencio frente al desalojo de 73 familias en la comunidad de Chorreras, frontera norte de Costa Rica.
El Gobierno del presidente Rodrigo Chaves acusó a los pobladores de ocupación ilegal y daños ambientales, impulsó procesos judiciales y, tras una resolución, ejecutó la demolición de viviendas, la escuela local y el templo comunitario.
Visita previa y rumores de presión política
Ambos legisladores conocían la situación de la comunidad, ubicada a orillas del río San Juan zona también señalada como punto de ingreso de mineros nicaragüenses hacia Crucitas. De hecho, el 13 de junio pasado visitaron la comunidad, junto con otros diputados.
Según vecinos, uno de ellos habría planteado en Casa Presidencial la posibilidad del desalojo como medida para frenar la minería ilegal, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
Críticas por falta de pronunciamiento
El regidor municipal Juan Pablo Rodríguez lamentó la falta de respuesta de los legisladores. Aseguró que el silencio resulta inaceptable frente al drama que viven decenas de familias que quedaron en la calle.
“Lo mínimo que uno puede esperar de un diputado de la zona es que tenga una posición sobre este desalojo. Los sancarleños y las 73 familias desalojadas merecemos conocer públicamente su postura”, dijo Rodríguez.
Un operativo con más de 500 oficiales
El lunes 26 de noviembre, más de 500 oficiales de la Policía de Fronteras, apoyados con maquinaria pesada, ingresaron a la comunidad con la misión de demoler las viviendas e infraestructura de las familias que han habitado allí por generaciones.
Muchos residentes de Chorreras nacieron, estudiaron y formaron sus familias en el lugar, donde el propio Estado a través de FODESAF y Coopelesca había instalado servicios básicos como escuela, caminos y electricidad.
Promesas incumplidas
El Gobierno justificó la acción señalando que los pobladores ocupaban zonas protegidas de la Milla Fronteriza. No obstante, en 2022, durante su primera visita a San Carlos, el presidente Rodrigo Chaves prometió que legalizaría la tenencia de tierras de las familias que habitan a lo largo de la frontera, asegurando que el tema se resolvería “en menos de un año”.
La promesa quedó a cargo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), pero nunca se concretó.
