“¡Dios es justo! En este momento acabo de recibir la sentencia del Tribunal de Goicochea del caso de Wilberth Rojas, hecho que sucedió hace 20 años. Hoy, por segunda vez, dos Tribunales me exoneran de toda responsabilidad”.
El texto anterior lo publicó hace pocos minutos en sus redes sociales Alfredo Córdoba Soro, exalcalde de San Carlos, luego de que el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José lo absolviera en una nueva causa en su contra.
Córdoba había regresado al banquillo de los acusados desde el pasado 2 de octubre, tras una denuncia formulada por la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público, que lo vinculaba con un presunto delito de peculado y un delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales en perjuicio de la hacienda pública.
“Así celebro hoy mi cumpleaños con esta gran noticia. ¡Dios es justo!”, adicionó el exjerarca municipal sancarleño en su publicación.
Los hechos que estaban siendo juzgados esta vez correspondían a 2003, cuando Córdoba nombró a Wilbert Rojas Cordero como Administrador General de la Municipalidad de San Carlos sin cumplir los requisitos de ley.
Sin embargo, los jueces lo absolvieron de los presuntos delitos de peculado y reconocimiento ilegal de beneficios laborales que se le imputaban.
En febrero de 2022, por este mismo caso, Córdoba Soro fue inhabilitado por un periodo de seis meses para ejercer cargos públicos porque quedó en firme una parte de la sentencia dictada en 2019, que lo declaró culpable de dos delitos de nombramiento ilegal por el caso de Rojas Cordero.
Los jueces consideraron que sí cometió tales delitos cuando escogió a una persona que no estaba incorporada al Colegio de Ciencias Económicas para ocupar la plaza, lo cual era un requisito indispensable.
Junto a la inhabilitación, el tribunal lo obligó a pagar ¢1 millón por el daño social causado.
Alfredo Córdoba Soro estuvo al mando de la Municipalidad de San Carlos por más de veinte años, hasta que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le retiró su credencial por dicha sentencia condenatoria en firme.