Ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes universitarios en Ayotzinapa, al sur de México en 2014, se encuentran en una prisión militar, a la espera de que una jueza civil determine si se les abre proceso penal, confirmó un mando del Ejército.
Según el militar, quien pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, los ocho uniformados, presuntamente involucrados en el conocido “caso Ayotzinapa”, siguen activos y fueron detenidos en miércoles a solicitud de la Fiscalía Federal.
En septiembre del año pasado, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra 16 militares y poco después las retiró, sin dar ninguna explicación.
Eso provocó la renuncia del fiscal que llevaba el caso y fuertes condenas, tanto de los expertos internacionales que acompañan las pesquisas como del Centro Prodh de abogados de las víctimas, que consideró que era una decisión arbitraria debida a “una intromisión ilegal” en las investigaciones.
Ahora, esas órdenes de captura fueron reactivadas, pero solo se ha detenido a ocho miembros del Ejército mexicano, acusados por la Fiscalía de desaparición forzada, indicó Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.
“Hasta que se cumplan todas las órdenes y hasta que se les dicte formal prisión, sabremos si esto va en serio”, dijo el abogado. “Si la Fiscalía logra enjuiciarlos, se abriría una nueva posibilidad de avanzar en la justicia”, agregó.
La jueza que lleva el caso deberá decidir al respecto en los próximos días.
El 26 de septiembre de 2014, policías de la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.
Todavía se desconoce el destino final de los jóvenes, aunque se han recuperado pequeños restos óseos de tres de los alumnos.
Según la actual Fiscalía, miembros de las Fuerzas Armadas participaron directamente en los hechos y, presuntamente, también en actividades posteriores de ocultación de datos y obstrucción a la justicia.
El móvil del ataque a los estudiantes sigue sin estar claro, pero, se ha afianzado la idea de que estaría vinculado con el tráfico de heroína de un grupo criminal en colusión con autoridades locales y, presuntamente, también con militares, según información autoridades estadounidenses que aportaron al caso.