La Contraloría General de la República (CGR) fue creada en 1949 con la intención original de garantizar el buen manejo de los fondos públicos.
No existe un estudio histórico sobre cuán efectiva ha sido la CGR en cumplir esa función; sin embargo, la información disponible evidencia tres áreas en las cuales la CGR ha fallado de manera sistemática: detectar a tiempo diversas formas de corrupción, controlar la defraudación fiscal y evitar ser parte de los recursos utilizados por poderosos grupos empresariales en competencia por la adjudicación de las licitaciones.
A lo anterior se añade que, desde hace algún tiempo, la Contraloría se ha convertido en un bastión de las políticas neoliberales, una tendencia que se profundizó luego de aprobada la reforma tributaria de 2018. Desde entonces, parece haber asumido como misión principal velar por la aplicación estricta de la regla fiscal, aun a costa de sacrificar la inversión social.
De esta manera, una institución que fue creada para garantizar el bien común ha terminado convertida en una entidad identificada con las más regresivas políticas públicas implementadas en la historia de Costa Rica.
La iniciativa del presidente, Rodrigo Chaves Robles, para realizar un referendo que, en la práctica, implicaría anular a la CGR, lo único que muestra es que el desmantelamiento, iniciado en 2018, de la institucionalidad creada en la década de 1940, sigue en procura de encontrar vías para su plena realización.
Sería fantástico que la Contraloría General pudiera ser reformada para que controlara a tiempo la corrupción, se sumara a la lucha contra la defraudación tributaria y se convirtiera en un baluarte de la inversión social; pero, no existen en el país grupos ni fuerzas con el suficiente poder para impulsar una transformación de esta índole.
El autor de este artículo de opinión es escritor e historiador costarricense.
