La tensión aumenta en la comunidad de Chorreras de Cutris, en la zona fronteriza con Nicaragua. Ante el inminente desalojo de las familias que allí residen, dirigentes del Corredor Fronterizo Norte se reunirán este domingo a las 10 de la mañana en Boca de Arenal de Cutris para definir las acciones que tomarán en defensa de los vecinos.
El pasado 23 de setiembre, la jueza tramitadora del Tribunal del II Circuito Judicial de Alajuela, Licda. María Barrientos Montenegro, ordenó el desalojo de varias familias que habitan en la zona, en cumplimiento de una acción judicial interpuesta por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en representación del Estado costarricense.
Según trascendió, incluso un diputado oficialista habría intervenido ante Casa Presidencial para agilizar la medida, bajo el argumento de que las familias se encuentran en terrenos de la Milla Fronteriza, considerados parte de áreas protegidas.
La contradicción del Estado
Sin embargo, los vecinos rechazan la medida y denuncian una grave contradicción del Estado: aseguran que han vivido allí por más de tres décadas, tiempo durante el cual el propio gobierno ha instalado infraestructura pública como escuela, antenas de comunicación y servicios básicos, lo que confirma la consolidación de la comunidad.
Los habitantes de Chorreras cuestionan que, después de tantos años de presencia institucional y de inversión pública, se les pretenda expulsar sin ofrecer alternativas dignas ni reconocer la legitimidad de sus derechos adquiridos en el tiempo.
Un conflicto que trasciende lo local
Este caso refleja un choque entre la política ambiental y la realidad social de las comunidades fronterizas. Mientras el SINAC reclama la protección del territorio, los vecinos exigen respeto a su historia, arraigo y derechos humanos.
La reunión del domingo podría marcar el inicio de una resistencia organizada contra lo que muchos consideran un desalojo injusto y arbitrario.
