San José, 4 de agosto de 2025. El colectivo ecologista Bloque Verde denunció que la empresa Enjoy Hotel & Resort S.A. presentó una demanda civil contra el defensor ambiental Juan Bautista Alfaro Rojas, conocido en redes sociales como @juambacaminando, acompañada de una medida cautelar de embargo preventivo “urgentísima” que bloqueó sus cuentas bancarias, salarios, tarjetas de crédito y bienes inmuebles.
Según el colectivo, se trata de un intento por silenciar la crítica ambiental que el activista ha realizado en sus redes sociales. La demanda fue acogida por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Pérez Zeledón, que aceptó aplicar medidas cautelares que especialistas consideran excesivas y desproporcionadas.
Demanda estratégica para frenar la participación pública.
El abogado ambientalista y docente de la Universidad de Costa Rica, MSc. Álvaro Sagot, calificó el caso como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, una demanda estratégica para frenar la participación pública.
“El objetivo no es demostrar la falsedad de lo dicho, sino castigar a quienes se atreven a hablar. Estas acciones son intimidatorias y ya han sido denunciadas en todo el continente como una forma de criminalizar la protesta social”, indicó Sagot.
Sagot recordó que en 2013 la empresa minera vinculada al proyecto Crucitas presentó demandas similares contra defensores ambientales como Nicolás Boeglin, Jorge Lobo y el propio Sagot. En ningún caso prosperaron.
Exceso judicial con impacto intimidatorio
Por su parte, el Dr. Rodolfo Brenes Vargas, docente de Derecho Penal y especialista en libertad de expresión, también cuestionó la legalidad de la medida:
“Aunque el embargo preventivo es una herramienta legal, en este contexto tiene un efecto intimidatorio evidente, analizado así en la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos”.
Brenes citó el caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se advierte que una sanción civil desproporcionada puede ser tan o más intimidante que una penal.
Libertad de expresión en temas de interés público
Brenes recordó que, conforme a estándares interamericanos, la libertad de expresión incluye incluso afirmaciones erróneas, siempre que se emitan de buena fe y versen sobre asuntos de interés público:
“En una sociedad democrática es inevitable cierta inexactitud. Pretender una verdad absoluta en todos los pronunciamientos limita severamente el derecho a expresarse, especialmente cuando se trata de temas como el ambientalismo y la denuncia de abusos de poder”.
Un llamado a la movilización social
En su comunicado, Bloque Verde señaló que “la empresa ya perdió ante la opinión pública” y que el caso “ha puesto en evidencia por qué ciertos grupos empresariales hicieron campaña contra el Acuerdo de Escazú”.
“Hacemos un llamado a no permanecer indiferentes. Invitamos a manifestarse por todas las vías posibles, apoyar la colecta solidaria y firmar la petición en línea en respaldo al defensor ambiental y su familia”.
El colectivo también alertó que estas demandas forman parte de un patrón de criminalización sistemática contra personas defensoras del ambiente.
Urgencia del Acuerdo de Escazú
El caso de Juan Bautista Alfaro revive la discusión sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, negociado en Costa Rica y aún pendiente de aprobación legislativa. Este instrumento internacional obliga a los Estados a proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y garantizar su derecho a la libertad de expresión.
El artículo 9 del Acuerdo establece que los Estados deben tomar medidas “apropiadas, efectivas y oportunas” para prevenir e investigar ataques o intimidaciones.
Daño reputacional para la empresa
Tanto Sagot como Brenes coinciden en que esta demanda implica riesgos importantes para la imagen pública de Enjoy Hotel & Resort S.A..
“Esta acción puede ser percibida como un abuso del poder económico para silenciar la crítica, justo en un momento en que la sociedad está especialmente sensible a los efectos de la gentrificación en las costas del país”, señaló Brenes.
Criminalización de la protesta ambiental en Costa Rica
Un informe de 2020 del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales ya advertía sobre un ciclo de criminalización socioambiental en la región. En Costa Rica, el libro 30 años de criminalización documenta 19 demandas contra activistas ambientales entre 1994 y 2019. Ninguna prosperó, pero sí generaron impactos psicológicos, económicos y sociales en los demandados.
Este caso, sin embargo, marca un precedente inédito: es la primera vez que se impone un embargo preventivo a un defensor ambiental como medida cautelar en Costa Rica.
