Un abogado Sancarleño denunció ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en el primer Circuito Judicial de San José, al alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro, por el presunto delito de Usurpación de Autoridad.
En la misma denuncia, de la que La Región tiene copia, el abogado también le pide al Ministerio Público investigar a Córdoba por los aparentes delitos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado y Malversación en perjuicio de la Hacienda Pública.
Esta solicitud a la Fiscalía Adjunta de Probidad se fundamenta en que don Alfredo está al frente de la Municipalidad de San Carlos desde el pasado 24 de mayo, cuando acabó la suspensión por el caso Diamante, pese a que una sentencia condenatoria en firme lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un periodo de seis meses.
Dicha condena, por dos delitos de Nombramiento Ilegal, fue ratificada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el 18 de febrero de este año, lo que hace presumir al denunciante que tal inhabilitación regiría entre esa fecha y el 18 de agosto de este año.
De prosperar esta acusación, diligencias como la modificación al primer Presupuesto Extraordinario Municipal, hecha por Córdoba a su regreso al cargo, podrían resultar nulas.
La denuncia contra el alcalde Sancarleño por el presunto delito de Usurpación de Autoridad fue presentada ante el Ministerio Público el pasado 15 de junio.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó a este medio que los magistrados están en proceso de análisis de la sentencia condenatoria en firme contra Córdoba Soro, para definir si le cancelan o no, la credencial como alcalde del cantón.
Según el Código Municipal, en su artículo 18, es causa automática de pérdida de credencial para un alcalde el hecho de “ser declarado, por sentencia judicial firme, inhabilitado para ejercer cargos públicos”.
“El TSE, no a propósito de este asunto, cuando se presenta una gestión de cancelación de credenciales de este tipo, ha establecido por regla, como parte de las garantías del debido proceso, otorgarle el derecho a la persona que se investiga para que pueda manifestarse al respecto. Si bien, el TSE no podrá cambiar lo decidido en sede penal, si forma parte de la garantía del debido proceso”, dijo Juan Luis Rivera, Letrado.
El jerarca municipal de San Carlos presentó sus pruebas de descargo ante el TSE el pasado viernes 24 de junio.
Córdoba Soro es uno de los seis alcaldes que en noviembre anterior fueron separados de sus puestos por su relación con el caso Diamante, que investiga presunta corrupción en la contratación de obras cantonales.
Estuvo separado de sus funciones hasta el pasado 23 de mayo.
