La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) suspender de forma inmediata la metodología tarifaria aplicada al servicio de acueducto y alcantarillado, al considerar que está generando cobros desproporcionados en miles de hogares del país.
La petición se relaciona con la metodología establecida mediante la resolución RE-0008-IA-2025, que regula el cálculo de tarifas para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el país. Según la Defensoría, su aplicación está provocando un severo desbalance financiero en las familias, especialmente en casos donde la clasificación del servicio no corresponde con el tipo real de consumo.
De acuerdo con la intervención técnica presentada por la institución, se documentaron situaciones en las que la facturación mensual del servicio de agua pasó de un promedio de ₡24.146 a más de ₡51.071, aun cuando el nivel de consumo se mantuvo similar.
Hogares clasificados como grandes consumidores
La Defensoría explicó que el problema no afecta a todos los usuarios, sino a una condición particular: propiedades donde el recibo registra dos o más unidades habitacionales, pero que cuentan con un único medidor residencial.
Según la investigación institucional, estos casos —que abarcan más de 38.000 hogares en el país— están siendo clasificados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como si fueran condominios o sistemas con macromedidor, lo que implica la aplicación de tarifas destinadas a grandes consumidores o uso comercial.
La Defensoría sostiene que esta situación genera una inconsistencia en la clasificación tarifaria, ya que a usuarios con un medidor residencial se les aplica un esquema tarifario comercial, lo que termina elevando significativamente el monto de la factura.
ARESEP analiza cambios
La Intendencia de Agua de ARESEP informó desde octubre de 2025 que iniciaría un proceso de revisión de esta estructura tarifaria mediante una fuerza de tarea técnica. Sin embargo, el organismo regulador ha solicitado nuevos plazos de hasta dos meses para analizar la solicitud de suspensión, argumentando la complejidad técnica y jurídica del caso.
En una comunicación enviada el 27 de febrero de 2026, la Defensoría tomó nota de que la Intendencia remitirá una respuesta integral con la ruta y el cronograma de análisis a más tardar el 26 de marzo de 2026.
Aunque la institución aceptó los plazos para la valoración técnica, reiteró su preocupación por el impacto que las tarifas actuales están teniendo en la economía de las familias.
Impacto en los presupuestos familiars
La Defensoría advirtió que el tiempo que tome el análisis regulatorio no debería seguir afectando el presupuesto de los hogares, ya que algunas familias se ven obligadas a reducir gastos esenciales para poder pagar el servicio y evitar eventuales cortes de agua.
Por ello, instó a la Intendencia de Agua a acelerar el proceso de evaluación y a ejercer con diligencia su función regulatoria para proteger los derechos económicos de las personas usuarias.
La institución aseguró que se mantendrá vigilante del informe que debe presentarse en marzo y del resultado final de la valoración técnica sobre la suspensión solicitada, al tiempo que continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para asegurar que las tarifas respondan a criterios de eficiencia, equidad y bienestar social.
