La Defensoría de los Habitantes hace un reclamo ético a los funcionarios públicos que todavía no devuelven el Bono Proteger, un subsidio que surgió para mitigar los graves impactos de la Emergencia por el COVID-19 en las poblaciones más vulnerables del país.
Según información revelada por el Gobierno actual, 1.309 subsidios fueron gestionados y entregados a personas que se desempeñan en alguna institución pública, lo cual representa un monto aproximado de ¢158 millones, pese a que el decreto de abril del 2020 excluyó a los funcionarios públicos como posibles beneficiarios.
El pasado 15 de junio, la administración Chaves Robles dio un plazo de 30 días para que estas personas devolvieran el dinero, pero según un informe presentado por el Ministerio de Trabajo, sólo 38 funcionarios públicos han reintegrado dicho Bono.
“Una buena administración pública se caracteriza por ser eficiente, eficaz, respetuosa del ordenamiento jurídico, justa, y transparente. De esta manera, los servidores deben orientar su gestión a la satisfacción del interés público, demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que les confiere la ley”, destacó el ente defensor.
La pasada administración creó el Bono Proteger con la consigna de favorecer a las personas más afectadas por el cambio en sus condiciones laborales y de ingresos, como consecuencia de la emergencia nacional por el virus pandémico.
Ante el escenario actual, la Defensoría de los Habitantes no sólo hace un llamado al funcionariado a devolver este dinero, sino que, además, pide a las autoridades del IMAS activar los procedimientos legales en pro de su recuperación.
