La Defensoría de los Habitantes le pegó “un jalón de orejas” a las autoridades del Consejo de Transporte Público (CTP) frente a los últimos incendios de autobuses en ruta y cargadas de pasajeros.
De manera vehemente, exige mayor rigurosidad en el control de estas unidades para evitar la eventual pérdida de vidas humanas.
Adicionalmente, la Defensoría le pidió al CTP información que permita identificar cuáles son las medidas de inspección establecidas para este año 2023, a efectos de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de los autobuses que prestan este servicio público.
La semana pasada, una unidad que excede los años de antigüedad permitidos por la ley, alzó en llamas en Puente Casa de Florencia de San Carlos.
Se trata de un Volvo modelo 2005, que este año se convierte en mayor de edad al cumplir los 18 años de circular por las carreteras locales y nacionales.
Cuando alzó en llamas por un aparente desperfecto mecánico en el motor, el Lucero hacía el recorrido entre el distrito de La Palmera y Ciudad Quesada, pero, presuntamente, no tenía autorización para brindar el servicio en la ruta donde ocurrió la emergencia.
El autobús quemado en San Carlos transportaba 55 pasajeros, incluidos niños y adultos mayores. Para dicha de todos, lograron salir a tiempo e ilesos.
Este año también se han incendiado autobuses en Limón, Santa Cruz de Guanacaste y el cantón de Río Cuarto.
“Lo anterior, además de generar una gran preocupación por el riesgo en que se vio expuesta la seguridad, integridad y vida de las personas usuarias del transporte público en la modalidad de buses, así como de quienes conducían dichos vehículos, evidencia la necesidad de que existan controles oportunos, rigurosos y adecuados que garanticen que las empresas operadoras del servicio cumplan con toda la normativa vigente, entre ellas, el tipo de servicio que pueden prestar, las rutas autorizadas y las condiciones de la unidades”, indica textualmente la Defensoría.
Finalmente, el ente defensor de los habitantes pidió al CTP los procedimientos seguidos en el marco de sus competencias en cada uno de los incidentes reportados en el presente año e indicar con claridad, cuántos registros de emergencias similares tiene y el estado actual de cada uno de los procesos.
