La Defensoría de los Habitantes llama la atención a las autoridades ante el aumento en la tasa nacional de homicidios, experimentada tanto el año pasado como en el año 2020, en perjuicio del Derecho a la Vida de más de mil personas en todo el país.
Solicita, de manera urgente, al Gobierno superar el discurso derrotista con que se ha asumido esta temática e imponer en su lugar un Plan de Acción Inmediato, que devuelva la confianza a la ciudadanía ante la ola de homicidios que hoy sacude a Costa Rica.
La Defensora, Catalina Crespo, dijo que, ante este silencio institucional y la ausencia de rendición de cuentas del Ministro de Seguridad ante la prensa y la opinión pública, manifestó al presidente Alvarado la expectativa de que se relancen los esfuerzos gubernamentales en materia de seguridad pública.
“Los ciudadanos deben conocer las medidas que, desde el Poder Ejecutivo, se adoptarán en pro de su defensa y protección, para frenar la pandemia homicida que hoy nos sacude y nos conmueve. Aunque al Gobierno sólo le queden 4 meses de mandato, este factor no debe ser impedimento para hacer lo que hay que hacer cuando hay el deber de hacerlo”, enfatizó Crespo.
Agrega que, en este contexto violento que sufre nuestro país, no se debe pasar por alto el ataque sexual a dos mujeres en la provincia de Limón, lo cual debe ser un llamado de atención a las autoridades sobre la necesidad urgente de adoptar medidas para la plena activación de la respuesta policial, que haga efectivo el respeto a la vida e integridad de todas las personas, en nuestro país.
El ente defensor señala que, observa con preocupación el deterioro en los índices de seguridad a nivel nacional, mientras desde el Estado y sus instituciones competentes se guarda silencio en torno a hechos tan alarmantes y que provocan alta intranquilidad en la población.
Para la Defensoría de los Habitantes es indispensable que se brinde información, clara y precisa sobre las acciones que adoptará el Gobierno en los próximos días, para contener la violencia criminal que trasgrede los derechos e intereses de los habitantes en todo Costa Rica.
