La Defensoría de los Habitantes advirtió que el modelo de financiamiento de las Juntas de Educación y Administrativas, pilares de la gestión operativa del sistema educativo público, enfrenta una inestabilidad creciente y debilitamiento progresivo.
Entre 2019 y 2024, el presupuesto asignado a estas estructuras solo aumentó un 6% nominal, muy por debajo de la inflación acumulada y del aumento en la matrícula estudiantil. Según el informe, esta situación ha comprometido la capacidad de los centros educativos para cubrir gastos esenciales como electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.
Grandes desigualdades en distribución de recursos
El análisis revela una marcada brecha territorial en el acceso a fondos. En 2024, un 11% de las Juntas operó con menos de ₡5,5 millones anuales, mientras que un 18% manejó más de ₡88 millones. Esta diferencia, señala la Defensoría, genera oportunidades educativas desiguales según el lugar de origen, la condición socioeconómica o la pertenencia cultural de las y los estudiantes.
Fondo principal se redujo más de la mitad
Uno de los hallazgos más graves es la reducción del Fondo de la Ley N.º 6746, principal fuente de financiamiento de las Juntas, que pasó de ₡94.303 millones en 2019 a ₡40.617 millones en 2024, una caída del 56,9%.
El monto promedio por estudiante disminuyó de ₡93.906 a ₡41.321, reflejando un retroceso en la progresividad del financiamiento y una vulneración al principio de igualdad de condiciones, según el informe.
Alimentación escolar insuficiente
La Defensoría también cuestiona la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PANEA), que solo cubre el 63% del costo total necesario para garantizar su universalización. En consecuencia, cuatro de cada diez estudiantes no reciben una alimentación adecuada, situación que afecta más a niñez en pobreza, comunidades rurales e indígenas, y estudiantes de educación especial.
Desde la perspectiva de derechos humanos, esta brecha representa una violación directa al derecho a la alimentación adecuada y a la igualdad de oportunidades educativas.
Infraestructura y educación integral en retroceso
Entre 2019 y 2022, los recursos destinados a infraestructura educativa cayeron más de un 50%, y aunque en 2024 hubo una leve recuperación, persisten riesgos de ejecución y limitaciones técnicas en la gestión de obras por parte de las Juntas.
También se reportan recortes en arte, cultura y deporte, afectando la educación integral y los derechos culturales de la niñez y adolescencia.
Comunidades sostienen lo que el Estado recorta
En 2024, las comunidades y el personal docente aportaron casi ₡6.000 millones por medio de actividades comunales, evidenciando el esfuerzo extraordinario para mantener el funcionamiento de las escuelas. Sin embargo, la Defensoría advierte que esta dependencia del voluntariado vulnera el carácter gratuito y universal de la educación pública establecido por la Constitución.
Llamado urgente a una reforma estructural
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente a reformar el modelo de financiamiento educativo, con base en criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia, fortaleciendo la rectoría del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el acompañamiento técnico a las Juntas.
“La educación no puede depender del voluntarismo comunitario, sino de un compromiso sostenido del Estado para garantizar condiciones dignas y equitativas para todas las personas estudiantes”, concluye el informe.
