El Gobierno de Honduras publicó un Decreto Legislativo que da vigencia a un “Estado de Excepción Parcial”, ordenado por la presidenta Xiomara Castro, para controlar a las pandillas tras el repunte de delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.
“El Estado de Excepción” es, específicamente, para 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, las principales ciudades del país y en las que se registran más delitos achacados a la acción de las pandillas, especialmente Mara Salvatrucha MS-13 y barrio 18.
La medida estará en vigencia durante un mes.
Hace 10 días, declaró también por el mismo motivo el estado de emergencia en seguridad dado un repunte de extorsiones en el transporte.
El decreto de excepción entró en vigencia de forma inmediata y rige hasta el 6 de enero de 2023, luego de que este lunes fuera publicado en el diario oficial La Gaceta. A su término, el Congreso Nacional podrá modificarlo y ampliarlo.
El decreto incluye en sus argumentos, “la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas”.
Menciona, además, que la consumación de “delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros” por parte de esos grupos respalda la suspensión de “garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99”.
Esos artículos se refieren a libertades personales, libertades de asociación y reunión, la libre circulación de las personas, la legalidad de los arrestos y los allanamientos.
El comisionado de la Policía Nacional de Honduras, en condición de retiro y analista, Leandro Osorio, dijo a The Associated Press que es un plan de control social en el que la Policía, aparte de tomar medidas de prevención, realizará acciones represivas.
“La intención es penetrar esas estructuras criminales para llegar a los cabecillas (jefes), y es importante perfilar tanto a menores infractores, como a personas que delinquen de manera regular con estructuras criminales y de forma independiente”, apuntó Osorio.
A criterio del exjefe policial, el control a través de esa estrategia no será fácil y deberá ser un trabajo en el que se involucre todo el sistema de justicia, toda la administración pública y operadores de telecomunicaciones para controlar las llamadas telefónicas extorsivas.
Honduras recrudeció su estrategia de seguridad debido a un repunte del cobro de extorsión en el sector transporte y en negocios por parte de las pandillas MS-13, barrio 18 y otras estructuras criminales, así como al incremento de los homicidios y los secuestros.
Unos 400 transportistas han sido asesinados en Honduras por extorsionistas en lo que va de este año, según dirigentes del gremio.
