Los magistrados de la Sala Constitucional otorgaron a los ministerios de Ambiente y de Salud, tres días hábiles para que les comuniquen las acciones desarrolladas en los últimos meses en Crucitas de Cutris de San Carlos, en procura de contener el actual desastre ecológico provocado por la minería ilegal.
De acuerdo con la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), la Sala IV notificó el pasado viernes a los jerarcas de ambos ministerios, luego de acoger, parcialmente, otro recurso de amparo presentado por el abogado, Alvaro Sagot, y la Federación como coadyuvante.
Para los denunciantes, al día de hoy no hay evidencia de que existan respuestas por parte de las autoridades ambientales y de salud pública para contener la destrucción provocada por la extracción de oro al margen de la Ley.
Según trascendió, los magistrados del máximo tribunal constitucional pidieron explicaciones sobre las acciones realizadas para medir la magnitud del daño ambiental, los niveles de mercurio en agua, suelo y sedimentos.
Adicionalmente, detalles de las acciones realizadas en términos de mitigación y restauración del paisaje.
Cabe recordar que, el año pasado, la Sala Constitucional había ordenado al Gobierno elaborar un cronograma con las medidas de seguridad necesarias, que permitieran contener la minería ilegal y detener el desastre que se percibe hoy.
El Poder Ejecutivo tiene hasta el próximo jueves para presentar dicha información a la Sala IV, de lo contrario, estaría la administración de Rodrigo Chaves a las puertas de “la apertura de un procedimiento administrativo”.
Además de los daños a la naturaleza, el impacto de la actividad de los coligalleros o mineros artesanales es preocupante en términos de salud pública, por la contaminación con mercurio de las aguas superficiales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica al mercurio como una sustancia altamente tóxica y, en el contexto de la minería ilegal en Crucitas de Cutris, representa un peligro para los mineros, sus familias y las comunidades vecinas.
La situación actual en Crucitas surgió luego de que la compañía canadiense Infinito Gold abandonara nuestro país, después de que el Tribunal Contencioso Administrativo anulara la concesión otorgada en el Gobierno de Oscar Arias.
